Si la teoría sin práctica se convierte en pura retórica, la democracia, sin relación fáctica entre las propuestas electorales y la empírica de gobierno, se trasforma en despotismo, y los perniciosos perjuicios que tal anomalía ocasiona al estado de derecho, vienen siendo una constante, un quebranto que actualmente domina el funcionamiento de nuestro ordenamiento político, poniendo en entredicho la solvencia del mismo.
Salvando matizadas excepciones, en la actividad política se ha generalizado la estafa como norma de comportamiento, hasta el extremo de convertir los procesos electorales en un puro ejercicio de estraperlo, cuyo rendimiento de resultados guarda relación directa con un proceder concreto, tal es, la capacidad de defraudación de los candidatos y organizaciones políticas concurrentes.
Así, en el contexto de esa anomalía, es fácil contrastar como los directos beneficiarios de la confianza ciudadana, una vez alcanzados sus furtivos propósitos, lejos de mantener la vigencia de sus contraídos, sin el mínimo reparo, no dudan en suprimir toda autenticidad a sus propuestas electorales; siendo el mayor exponente de contraste de tal insolvencia política, el degradante proceder del Partido Popular (PP), quien, nada mas alcanzar el respaldo mayoritario de las urnas, le fue escaso el tiempo para convertir sus promesas de campaña en un programa de gobierno diametralmente opuesto, mutación indicativa conforme le trae al pairo toda expresión de la voluntad mayoritaria, e igualmente, actitud demostrativa de su nula convicción democrática.
Es evidente que estas prácticas poco ortodoxas están ocasionando una involución en la cultura electoral de nuestro país, cuya deriva, proyecta una merma de credibilidad en sus promotores políticos, en las instituciones de representación y por añadidura en la propia estructura y funcionamiento del sistema, siendo urgente por tanto, el establecimiento de medidas paliativas, de normas, que impongan acatamiento y disciplina a la ortodoxia democrática y erradiquen de una vez por siempre el acceso al poder, a quienes como ahora ocurre, mas que legítimos dignatarios son la nefasta consecuencia del tocomocho electoral.
Partiendo de la premisa que las elecciones son el centro neurálgico de la democracia representativa, se antoja obvio, que la celebración de los comicios además de cumplir con los obligados parámetros de limpieza y transparencia, deban disponer del acompañamiento de tutela jurisdiccional efectiva, con la finalidad expresa, de exigir de las agrupaciones políticas plebiscitarias la materialización de aquellos compromisos de campaña contraídos con los votantes.
Por cuanto, cualquier desviación de su contenido, además de un engaño, por su implícito con las urnas tome cuerpo de infracción, entrañando en si mismo el incumplimiento de un deber electoral, quebranto que no debe saldarse con un simple reproche social, sino con la aplicación de medidas de orden legislativo que invaliden la consumación de ese desfalco político, pauta, que debe venir flanqueada por la rendición de cuentas con incorporación del ciudadano más allá del proceso electoral; dualidad de claves, cuya aplicación resulta imprescindible para afianzar la estabilidad y la salud democrática del sistema.
Pero aún con la función correctora de estas medidas, no se logrará conquistar el objetivo previsto mientras no se erradique la obsolescencia contigua, es decir, no se consiga desmontar otra de las disfuncionalidades del sistema, tal. es, el adoctrinamiento bipartidista de la sociedad y su tendencia proclive a adjudicar el poder en sucesión iterativa de los dos principales partidos del país.
Continuidad en alternancia, que por si misma es un lastre añadido que ocasiona esa partitocracia viciada en esencia, o lo que es lo mismo, la dictadura encubierto que por mutuo interés, sustentan al unísono las cúpulas dirigentes del PP- PSOE, con la finalidad de seguir suministrando oxígeno a un sistema infecto, y así poder tapar su implicación en la corrupción extensiva, dar continuidad a sus obscenos privilegios políticos, y salvaguardar el trato preferente adjudicado a las multinacionales, banqueros y mercados financieros, etc. Aunque ello implique, desentenderse de la ciudadanía, arruinar a pymes y autónomos, y ocasionar que el país entre en quiebra y se derrumbe.
De ahí la evidencia al sustentar, que tanto la requisa democrática como la ruindad bipartidista son los hilos conductores que mantienen en activo un sistema obsoleto de funcionamiento inservible, y que los políticos proveedores de sus corrompidas fuentes de alimentación son los causantes del deterioro colectivo, pero mientras la sociedad civil no asuma como propia esta realidad y proceda en consecuencia, la crisis seguirá siendo nuestra hoja de ruta, y como ciudadanos, mas que gobernados seguiremos estando acorralados.