En política, el hecho de excederse en sutileza, mas que una muestra de ingenio es una etiqueta de estupidez, y esa equivalencia de analogía es aplicable a quienes ponen todo su empeño en camuflar la realidad desviando la atención de la opinión pública mediante estrategias de distracción, para así mantener el interés de los ciudadanos lejos de los verdaderos problemas del país.

Si primero se excedieron acentuando la crisis económica para imponer como mal menor la renuncia a los derechos sociales y la aceptación forzada del desmantelamiento de los servicios públicos, ahora, para paliar el deslustre que les ocasiona una infecta corrupción, nos quieren convencer que está de moda ser estúpido para que nos adecuemos a ese estado de modernidad asumiendo el papel de idiotas , y así, tras un registro emocional de rancio abolengo patriótico decidamos secundar la esperpéntica trifulca desatada contra Gibraltar.
Ese conflicto político de diseño creado a medida por el PP, con la única finalidad de envolver en humo sus propios desmanes y propagar de ese modo un proselitismo de consumo interno; toda una estrategia de marcadas reminiscencias goebbelianas con emplazamiento en las antípodas del recomendable protagonismo diplomático.
Por tanto no caben interpretaciones sesgadas, pues aquí no existe otra realidad que una desavenencia prefabricada, un ridículo intento por causar un corto circuito en el sentido crítico de los individuos, o lo que es lo mismo, la puesta en funcionamiento de una herramienta de manipulación cuya única finalidad es obtener lealtades políticas aprovechando para ello la rentabilidad que suele aportar la credulidad de los ingenuos.
Con todo, en este asunto lo verdaderamente problemático y hasta notoriamente peligroso no es el propio litigio en si mismo, sino la sobredosis de fanatismo de acompañamiento, que de no ponerse remedio puede derivar en situaciones de mayor complejidad con riesgos inducido a la violencia, extremo que resultaría impropio en una conflagración de estas características, pero de alto riesgo previsible cuando en vez de estar dirigidos por lideres sensatos y emocionalmente estables, la dirección es conducida por unos agitadores de masas proclives al enaltecimiento de radicalismos, pero que en situación extrema, son totalmente incapaces de garantizar la estabilidad y el control de la situación.
Es de todo punto inadmisible que después de estar mirando para otro lado desde la instauración de la democracia, de no haber tomado cartas en el asunto ni establecido en tan largo periodo un marco estable de relaciones bilaterales y estratégicas con los mandatarios del otro lado de la verja, sea ahora, en coincidencia con la situación de mayor degradación y corrupción política y económica que vive nuestro país, cuando tarde mal y arrastro se disparan las alarmas de la preocupación contra una situación de hechos consumados, cuando lo suyo sería poner fin a la escalada de despropósitos y establecer en el tiempo una agenda de diálogo como vía de solución.
El gobierno de Rajoy debe detraer escalada al conflicto dejando al margen pendencias y camorras beligerantes, para conducirse a un encuentro con la sensatez, y así revertir el orden de preferencias en el hacer político, cuyo protagonismo, en modo alguno puede ser ostentado por este sinsentido gibraltareño, debiendo orientar la acción representativa a la resolución de las demandas perentorias del país cuyos exponentes mas significativos no sólo radican en los numerosos escándalos de corrupción sino también en la inestabilidad política con el añadido de la grave recesión y desempleo que aqueja a amplios sectores de la mayoría ciudadana.

A tal efecto en materia de corrupción considerando que en el actual contexto tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el propio Partido Popular están en el ojo del huracán por su presunta implicación en hechos de tal origen, en razón a ello y por higiene democrática, es condición sine qua non que previa investigación se expurguen responsabilidades haciendo caer sobre los implicados todo el peso de la ley con renuncia implícita si fuera el caso .

Pues aún siendo indiscutible que la política es parte innata de nuestra existencia, no es menos cierto, que la presencia de la corrupción es el factor desencadenante de la crisis del sistema que motiva la creciente desconfianza en políticos, partidos e instituciones, cuya consecuencia final es la ruptura entre representantes y ciudadanos, desencuentro que no se resuelve con tácticas de distracción ni defendiendo a los infractores de las garras mediáticas, sino con un rescate de integridad y regeneración capaz de devolver a la función política la dignidad perdida.

Y por mas enredos y vueltas que le quieran dar, mientras esto no ocurra, la degradación política mantendrá su tendencia creciente.