Las urnas tragan lo que le echen
Publicado por galdo-fonte, Posteado enOpinión
Cuando las urnas se alimentan de lo ilícito, de la mentira y el ocultismo, no es la la legitimidad democracia la que se impone sino el fraude electoral
Por no variar, durante los últimos comicios pudimos escuchar la eterna letanía de toda época electoral, esa expresión reiterada que suelen utilizar los candidatos manifestando que la democracia debe ser algo mas que votar cada cuatro años. Sin duda una frase sugestiva manejada expresamente para cautivar al electorado, que resulta tan fácil de pronunciar durante las elecciones como difícil de aplicar en la ulterior realidad donde la trasparencia se convierte en opacidad, tal es así, que aun cuando uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas, la práctica viene a evidenciar que en el ámbito general mas del 50% de las solicitudes de información acaba en silencio administrativo.
Es por eso que dejando al margen los pronunciamientos subliminales de toda campaña electoral, lo cierto es que las administraciones municipales sin distingo de siglas políticas, son la antítesis de la transparencia, al no asumir en ningún caso el acceso a la información como un derecho fundamental, y eso, porque formamos parte de un país sin arraigo democrático, donde desde el poder los ciudadanos son considerados como enemigos y el concepto de gobierno mas que ser asumido como un servicio público, es entendido en clave patrimonial, como si fuese titularidad expresa de las organizaciones políticas, siendo esa condición conceptual quien motiva que se imponga el secretismo a la transparencia y que por tanto se haga extensivo el abuso y la corrupción.
La democracia con mayúsculas es una democracia sin secretos, que obviamente ha de estar fundamentada en la transparencia, siendo su principal objetivo garantizar que la totalidad de los ciudadanos sean los auténticos propietarios de la información publica, si bien para alcanzar esta finalidad la labor ejecutiva debe estar sustentada por personas de probada convicción democrática, que siendo defensoras a ultranzas de la libertad de información tengan asumido como paso fundamental erradicar de una vez por siempre el mal institucional del silencio administrativo como norma de conducta, de tal modo que los ciudadanos se sientan representados y puedan confiar sin recelo en las instituciones a las que ellos mismos con su soberanía le otorgaron el poder.
Pero la realidad pone de manifiesto que queda mucho por andar, pues cuando son los propios partidos los que niegan someterse a transparencia, difícilmente los políticos adscritos a sus filas podrán asumir que lo suyo debe ser un compromiso ineludible con la democracia y la ciudadanía, muestra de esa deficiencia tenemos por expresivo referente la administración local, que a pesar de su teórica cercanía al ciudadano bate el record del silencio administrativo en todo el ámbito institucional, hasta el punto que un 83% de solicitudes de información cursadas a entidades locales no han recibido respuesta alguna en el transcurso del año 2014.
La impunidad política debe entenderse como una consecuencia directa del silencio administrativo
Un problema que en buena lógica exigiría un acuerdo de avenencia de todas las fuerzas políticas para crear instrumentos de escrutinio público con los que poner remedio a la situación, pero que paradójicamente tiene por toda respuesta el obscurantismo burocrático, ya sea dando continuidad al silencio o utilizando la evasión.
El silencio administrativo seguirá siendo por tanto la «bienquerida» de las administraciones municipales, al posibilitarles zanjar cualquier expediente molesto dando la callada por respuesta, una práctica que aún siendo reflejo de opacidad, contra toda lógica, se mantuvo vigente en la mal llamada Ley de Transparencia; por eso, que a pesar de la reciente renovación electoral de los ayuntamientos, las nuevas corporaciones resultantes podrán mantener invariable el silencio administrativo y el secretismo, y así seguir ocultando información a la ciudadanía, aún cuando en buena praxis democrática la denegación de información y el ocultismo debieran ser la excepción, pero nunca la regla.
Habiendo de añadir que tal situación anula además los requisitos necesarios para combatir los excesos políticos y la corrupción, siendo por ello que la impunidad política debe entenderse como consecuencia directa del silencio administrativo y causa promotora de la inestabilidad democrática, pues al silenciar la comisión del delito ampara la concurrencia a los comicios de candidatos no deseable, y tal circunstancia, presupone la culminación sin paliativos de un proceso de involución.
De ahí que en aquellos ayuntamientos que confluyeran este conjunto de anomalías y donde fuese ostensible la participación electoral de candidatos connotados con intervenciones ilícitas, la expresión de las urnas como consecuencia del engaño y la maquinación, no debe ser interpretada en modo alguno como reflejo real de la voluntad popular, sino como la obscena consumación de un fraude electoral.
