Cartas al Director

Cuando se hace caso omiso de las voces críticas que denuncian y alertan sobre las malas prácticas políticas, es justo el momento en que la degradación democrática abre paso a la instauración de la demagogia
En un artículo de opinión  como el presente, el autor, suele expresar su parecer sobre  un tema cotidiano, intentando  a través de lo implícito de su columna convencer y atraer las simpatías de su público lector,   que generalmente,   mantiene  relación  de  fidelidad  con el columnista en razón a su estilo  y a su ingenio, y todo,   en el contexto de un  enlace de tendencias  que de satisfacer a los destinatarios, estos,  en una actitud de correspondencia convierten  al  autor en su  referente de opinión y   especialmente  en  su articulista preferido, y cuando esto ocurre y  el lector le ofrece  el valioso regalo  de su tiempo y su atención, en deferencia, el beneficiado  debe devolver algo digno, y el mejor presente  no ha de ser otro  que hacer gala expresiva  de la verdad y del rigor informativo.

No en balde, para satisfacer  ambas  contrapartidas es condición «sine qua non» fundamentar  la información que se difunda, y ello en periodismo no es posible sin disponer de la verdad objetiva de los hechos, veracidad, que debe incluir en todo caso   el deber de contrastar  sus fuentes, y solo satisfechos esos requisitos  se podrá difundir con el debido rigor y la precisa solvencia la información  de contenidos  acreditados; pues supuesto contrario, se  corre el riesgo de facilitar el acceso a las malas prácticas y al margen de todo código deontológico poner en circulación contenidos de  deficiente solvencia  o de dudosa credibilidad, o para mayor complejidad, proceder de modo sibilino dejando en manos  del lector la potestad aleatoria de filtrar o confirmar   la ratificación de su contexto.

Este autor, observante  con lo establecido  en el artículo 20 de la Constitución  sobre el derecho de difusión, teniendo presente igualmente la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el término veracidad en el contexto informativo y su carácter de obligación extensiva hacia  todo sujeto  que se dedique  a difundir información. Por eso, aún cuando como género periodístico los  artículos de opinión son más abiertos a la subjetividad, es disciplina de este  columnista  auto imponerse  el rigor normativo hasta sus últimas consecuencias  y actuar  de forma estrictamente  rigurosa y fidedigna, máxime  cuando el contenido de sus artículos  por sus características pueda tener la consideración de  materia sensible y su alcance  pueda arrastrar repercusiones a terceros.

Callar cuando la respuesta es el ninguneo, presupone incrementar el déficit de la calidad democrática

Ante ese intento  de doblegar lo evidente amordazando toda voz crítica, es cuando   mas  ahínco  debe poner el difusor  de la información en la reafirmación de  sus denuncias,   pues callar cuando la única respuesta es el ninguneo,  además  de un espaldarazo a la perversión presupone incrementar  el déficit de la calidad democrática al condescender con  unos representantes municipales  que a pesar del probado carácter delictivo de los hechos denunciados siguen sin reaccionar, y todo,   mientras  sarcásticamente metidos en campaña electoral,  no reparen lo mas mínimo en erigirse en referentes de la transparencia  y adalides de la participación ciudadana a pesar de  su probada implicación en temas graves y públicos, vinculados a la corrupción.

Es por eso  que en la singularidad  de un Fene atípico  donde a pesar de las fundadas  y refrendadas denuncias,  la opacidad  mantiene alianza estratégica con el silencio administrativo, con la velada finalidad  de consumar ilegalmente  la enajenación y cesión gratuita de bienes patrimoniales  de esta entidad local en el contexto de una actuación inmoral e ilícita que compartida  por acción u omisión por tres de las fuerzas políticas  que conforman la corporación, ante la contundencia de las pruebas documentales que refrendan los hechos  y la reiterada negativa a la subsanación; en razón a esta dejación de funciones no solo se está causando un menoscabo  al patrimonio público, sino también  haciendo un daño inmenso  a la imagen de la institución  y que ante la pertinaz rebeldía corporativa exige sin dilación la intervención de la judicatura vía resarcimiento  y expurga de responsabilidades.

Pues de igual modo  que al articulista se le exige que  independientemente del género que utilice para transmitir su  denuncia, el deber de tener rigor en la base de su información, al político denunciado  también debe exigírsele el rendimiento de cuentas ante la ciudadanía, pues caso contrario, se vendrá a refrendar  que lo peor de la corrupción no es solo que sean frecuentes los  comportamientos delictivos sino que los mismos queden impunes,   y lo que es mas grave que a pesar de todo y como resulta ser el  caso  se autorice  la concurrencia  de los encausados  en el proceso electoral.