Cartas al Director

Controvertida semana para el presidente Rajoy, pues mientras que en sede parlamentaria el máximo mandatario del Ejecutivo, cerraba toda puerta a las aspiraciones de los secesionistas catalanes erigiéndose en adalid del mas férreo cumplimiento de la ley, al mismo tiempo, en irónica casualidad se hacía acreedor del quebrantamiento de la misma.
Eso al menos es la conclusión que debe deducirse a tenor de las últimas declaraciones del juez Ruz, al confirmar que el PP de don Mariano pagó en dinero negro la obra de reforma de la sede central que esta organización tiene radicada en la muy frecuentada calle Genova de Madrid

Ese doble lenguaje consistente en esgrimir la defensa de la ley y a la vez incurrir en su incumplimiento, se ha convertido en una práctica extendida en un amplio sector de la clase política, que en el caso de los miembros del grupo conservador , posiblemente por su genética franquista y la carencia del mínimo código ético, tal infracción se ha transformado en la mas usual norma de actuación, y todo, por su exacerbado egocentrismo como por el hecho de traerles al pairo que toda ley vulnerada desencadena un estado de insalubridad democrática y la introducción a la rutina autocrática, que a la vista de los acontecimientos debe ser su pretensión

Y casualmente, son esas conductas y esos manejos adúlteros los que hacen que cada día la política sea una actividad mas infravalorada y en franca decadencia, cuya falta de credibilidad social además de propiciar la desconfianza e indignación, provocar un divorcio entre los políticos y la sociedad, limitando sustantivamente el ejercicio real de la democracia.
Habiéndose de afirmar en este contexto que es la corrupción el fenómenos social mas ominoso y demoledor de las instituciones políticas que conforman nuestro Estado de Derecho.

A juzgar por los hechos, la tendencia a la mentira que acompaña el funcionamiento del PP, no ha de remitirse en exclusiva a puntuales acciones de engaño que rigen su dinámica electoral, como ocurrió con el simulacro llevado a término en las últimas Elecciones Generales y cuyo maquinado resultado fue la clave de acceso al Gobierno, pues se ha de tener presente que los últimos testimonios orientan otros desvíos hacia la perversión que despejan toda duda sobre sus malas artes y ponen de manifiesto que durante los últimos 20 años el grueso de financiación del partido conservador se costeó mediante contabilidad en B, cuyos ingresos fueron obtenidos a través de aportaciones, que en contrapartida ingresaban los beneficiarios de adjudicaciones públicas.

Y es ahí donde hay que precisar que las repetidas imputaciones políticas reflejan la generalización de adjudicaciones a dedo, esa extendida tendencia que además de arbitraria, delata la transgresión continuada del ordenamiento jurídico en materia de contratación, es decir, la inobservancia repetida de la Ley de contratos del sector público , de ese marco legal que más que una norma de disciplina contractual resulta ser un referente testimonial de nula eficacia.
Al menos esa es la deducción que corresponde al verificar que uno de cada cuatro euros consignados como inversión pública toman extravío hacia prácticas corruptas, tendencia que nos sitúa en el primer puesto del palmarés de la Unión, llegando al extremo que nuestra economía pierde más de 47.000 millones de euros como consecuencia de esas prácticas ilegales.
Resultado que hace que nuestro país sea el segundo a nivel mundial donde mas han empeorado los índices de corrupción.

El fenómeno de esta infección pervertida, implica que a efectos empresariales aún existiendo la formalidad de un acceso igualitario y libre concurrencia, la restricción al mercado de contratación pública la establezca la propia tendencia de adjudicación, que chocantemente, siempre viene a recaer en integrantes del colectivo empresarial afín a los hábitos corruptos, y eso es así, porque con la corrupción los bienes del Estado no se administran con arreglo a ley sino en desviación a la misma, para así poder convertir lo recursos públicos en medios generadores de beneficios particulares para ventaja de organizaciones y políticos desaprensivos.

Por eso en el actual contexto de degradación, quienes interpreten el espíritu de la ley acorde a interesados patrones de conveniencia, han de apencar con la responsabilidad de que a tiempo presente la legalidad sea un valor en decadencia, habiendo de asumir igualmente que toda implicación en actos de corrupción es una deslealtad, una grave desviación y violación de la ley que resulta altamente peligrosa para el normal funcionamiento de un Estado democrático, y que por ello, debe llevar implícito consecuencia derivadas, que en supuestos de implicación, mas que medidas de paños calientes , debe forzar en prueba de escarmiento el abandono de la función política de los encausados.