Corrupción: Corruptores y corruptos
Publicado por galdo-fonte, Posteado enOpinión
La corrupción no tiene límite, esa progresión de inmoralidad dual entre corruptor y corrupto que al margen de la ley beneficia a ambas partes en perjuicio colectivo de la sociedad, resulta incesante por la tolerada condescendencia política, la sustentada impunidad y la escasez de conciencia social; de ahí que ese cáncer endémico haya mutado con complacencia combinada hasta transformarse en una compartida norma de conducta, en una práctica asociada a la función política.
Siendo por ello que la “contracultura de la corrupción” favorecida por la influencia de los perceptores de prebendas, llegó a enraizar en la propia estructura del Estado hasta el extremo de socavar la vida institucional del país y transgredir el ordenamiento instaurado, en un proceso de vulneración continuada del Estado de Derecho; y toda esta tropelía, por el ambicioso objetivo de unos desalmados empeñados a toda costa en obtener un provecho ajeno al bien común.
De ahí que por su condición sistémica y estructural, sea una equivocación intentar combatir la corrupción con la intervención exclusiva de jueces y la aplicación estricta del Código Penal, pues cuando una situación se excede de escala y se va fuera de madre, la gravedad de su deriva exige otras medidas paliativas que pongan remedio al extravío, toda vez que en los grandes escándalos de corrupción, llegado al alcance de la actual dimensión, al margen de su condición de testimonio ejemplarizante, la aplicación del proceso penal resulta totalmente ineficaz para atajar tal nivel de transgresión.
Como tampoco resulta válido para remediar la mas difundida corrupción de baja intensidad, esa práctica cotidiana que acaba por corromperlo todo; porque además de la amplitud de su ámbito y su notoria intensidad, insólitamente, la gran mayoría de esos turbios comportamientos aún escandalizando al país y sembrando alarma social, ni siquiera son considerados delictivos.
Por tanto, se tiene que dar por cierto que la tolerancia asentida durante años hizo que a tiempo presente la corrupción esté incrustada en la médula del sistema, pero también se debe asumir que inversamente a lo debido, en vez de mitigar sus perjuicios, la permisividad política siguió prodigando su proliferación, como lo testifica la interminable implicación en actos ilícitos de multitud de sujetos connotados con distintos niveles o esferas de la administración y especialmente con aquellos que por vulnerabilidad afectan a la contratación pública, donde a juzgar por los hechos el actual marco jurídico resulta cuanto menos insuficiente, pues no resuelve en modo alguno las numerosas deficiencias en los mecanismos de control.
De ahí que para eliminar el habitual saqueo de los corruptos políticos, haya de invertirse el actual ordenamiento a fin de suprimir a sus colaboradores en la comisión del delito, objetivo, que pasa obligatoriamente por el establecimiento de una función pública mucho más rígida, pues eso es lo obligado cuando quien debiera velar por el cumplimiento de la disciplina legal no es capaz de comportarse debidamente en un entorno de confianza y libertad, y tal decisión arrastra consigo como exigencia, que todo puesto de responsabilidad en la gestión de la Administración recaiga exclusivamente en funcionarios públicos de carrera encargados del control y la fiscalización de los procedimientos, sin cuyo visto bueno, ni puedan progresar los expedientes ni tampoco sea posible la aprobación del gasto.
Medidas cuyo implícito tendrá que causar forzosamente la exclusión inspectora del personal eventual o de confianza, que colocado a dedo, venían gestionando la tramitación de los procedimientos con participación resolutiva en las mesas de contratación.
Si la complicidad política con la corrupción es una evidencia, cuando desde la cúpula de la patronal se enjuician los escándalos de corrupción como una catástrofe, lo cierto es que por lo regular tal manifestación es puramente una formalidad declarativa, que tras de si, mas que una crítica de condena a esas prácticas infectas esconde un actitud de doble moral sin propósito de enmienda, actitud, que atribuye a los representantes del colectivo empresarial la condición de copartícipes como asimismo cómplices de los corruptores que se cobijan en esas entidades disfrazados de empresarios.
Desde la representación empresarial debieran saber que arbitrariamente la corrupción se centra mucho en los corruptos y poco en los corruptores, y por la parte que le afecta está obligada a dar un paso adelante en su compromiso anticorrupción y apostar de forma decidida por las buenas prácticas asociativas, excluyendo de su foro a los corruptores, pues de no hacerlo, no solo estaría amparando los malos hábitos empresariales sino que vendría a cercenar la libre competencia perjudicando con ello a otros empresarios competidores que por código de conducta no recurren a esos procedimientos ilícitos
Es incuestionable pues, que para erradicar la corrupción no ha de quedar sola la judicatura luchando contra esta causa, siendo preciso por obligada colaboración, que las asociaciones empresariales en la parte que les toca se involucren en esta lucha hasta lograr darle un vuelco a tan compleja realidad.
