EL S.A.S ENFERMA
Nuestro Sistema Nacional de Salud es un pilar básico del llamado “estado del bienestar. Situándose en la vanguardia sanitaria, es un referente mundial. Siendo muchos los factores que han ayudado a este ejemplar desarrollo, hay que destacar el papel de “todos” los trabajadores de la salud, sin excepciones, incluidos sus cargos directivos. Con distintas responsabilidades, todos juntos hemos trabajado y avanzado por la excelencia del sistema. Todos compartimos empresa y objetivos. A destacar: la “salud de la población” (usuarios externos) y el “bienestar de los trabajadores sanitarios” (usuarios internos). Difícilmente sin éstos se podría alcanzar aquello. Son los dos centros sobre los que gira todo el sistema sanitario.
Carentes de los principios y liderazgo ético que debe presidir una “dirección por valores”, muchos de los gestores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han olvidado ésto. Se han convertido en meros gestores de números. Sus objetivos economicistas pasan a un primer plano relegando los intereses de los trabajadores y de la población, hasta entrar en contradicción con los propios objetivos fundamentales del SAS. Llevan decenas de años ocupando puestos de gestión. Y lo “hacen tan bien” que siempre permanecen y ascienden. Es una auténtica “casta de jerarcas” que en las circunstancias actuales, con su inadecuada gestión, están provocando un disparatado fenómeno sobre el que deseo llamar la atención: El SAS, empresa destinada a promover la salud y a prevenir la enfermedad entre la población, está enfermando a sus propios trabajadores. Algo con funestas consecuencias para el sistema público de salud, pues minando éste pilar esencial que son los trabajadores, se mengua la calidad asistencial, se pone en riesgo a la población, y por tanto se ataca la propia esencia del sistema, quebrantándolo seriamente.
Con la crisis se inicia un sistemático ataque a los derechos de los trabajadores. Siendo muy nocivos los recortes, también lo son las formas en que se están aplicando por las direcciones gerentes más inmediatas a los trabajadores; en los centros hospitalarios, áreas sanitarias, o distritos de atención primaria. Los gerentes de estas “unidades de gasto”, despreocupados por el bienestar de los trabajadores desarrollan irresponsablemente una gestión cicatera, de forma autoritaria, incluso ninguneando a los representantes de los trabajadores, contraviniendo ilegalmente la normativa vigente sobre todo en “salud laboral”. Ellos mismos, obligados a promover y proteger la salud integral de los trabajadores, con sus decisiones se convierten en el factor de riesgo más grave para la salud de los mismos; generando perniciosas condiciones laborales propicias para que sus “compañeros” trabajadores enfermen. Y con ellos enferme el sistema de salud. Algo muy grave pues difícilmente se puede dispensar salud desde la propia enfermedad. Una triste paradoja.
Un mal inveterado del SAS, es la falta de profesionalidad de sus cargos directivos y sobre todo intermedios. La gran mayoría de estos cargos, cuando son nombrados carecen de la formación mínima necesaria en gestión sanitaria y dirección de equipos. Generalmente son elegidos tras un viciado proceso de selección, a pesar de que los “jerarcas de la empresa” saben de su manifiesto desconocimiento. Ésto sólo puede entenderse desde la seguridad de que no van a dirigir nada, ni a nadie. Más aún, sospecho que posiblemente se prefieran directivos legos para ser de esta forma más susceptibles a manejos y tejemanejes.
Analicemos brevemente algunas de esas actuaciones gestoras que agreden y dañan la salud de los trabajadores del SAS.
Por si fueran poco cinco años de congelación salarial, con reducciones de complementos, pagas extras y productividad a todos los trabajadores, desde hace dos años, a los trabajadores eventuales se les disminuye un 25% más el salario con una reducción equivalente de la jornada laboral, que escandalosamente no siempre se lleva a cabo.
El súmmum del desmán es que a éstos compañeros “contratados al 75%” también les reducen en un 25% complementos salariales nada relacionados con la duración de la jornada. Concretamente la exclusividad, dispersión geográfica o por los enfermos asignados a su cupo. Sería prolijo explicar aquí estos conceptos pero entiéndase que los mismos son percibidos por razón del servicio y no por la jornada efectuada, y si el profesional cumple con las condiciones que le hacen acreedor a ellos tendría que percibirlos al 100 %. El colmo del la tropelía ha llegado con el reparto de la productividad, pues a estos compañeros también les ha sustraído un 25 % de lo que les correspondería por la ejecución de objetivos. Indecentemente lejos de ser premiados por cumplir con las metas, a pesar de la reducción de jornada, han sido penalizados por hacerlo. Un ruin atropello que los afectados sienten como “un robo más”. Otra vergonzosa decisión de la “casta jerarca”, que dice mucho de su carencia de principios y de su incapacidad para encabezar un liderazgo ético cada día más necesario en la gestión.
Otra agresión más a estos trabajadores es negarles la seguridad laboral, contratándolos por meses ¿Si existe esa necesidad de servicio no podría al menos realizarse contratos por un tiempo indefinido disminuyendo la ansiedad periódica generada por el miedo al desempleo? Me atrevo a insinuar que precisamente con esta medida se pretende éso, generar ansiedad por temor a perder el trabajo, frenando cualquier intento de protesta organizada. Y bien que lo están consiguiendo.
Lógicamente esta situación supone una evidente sobrecarga no sólo para los trabajadores afectados, sino también para el resto de trabajadores que finalmente asumirán la carga de trabajo que no pudieran realizar aquellos compañeros forzados a reducir su jornada que no sus objetivos. Una sobrecarga laboral añadida a la habitual pues endémicamente venimos arrastrando plantillas muy ajustadas de personal. Compensando la escasez de medios humanos con más esfuerzo, dedicación, y entrega. A veces incluso imprudentemente, por lo que conlleva de sobrecarga psicofísica con el consiguiente riesgo para la salud del trabajador y del ciudadano asistido. Algo que poco parece importarle a nuestra “casta de jerarcas”.
Son muchos los ejemplos de la escasez de plantillas, sólo señalaré uno por escandaloso. Son muchos los equipos de urgencias de Atención Primaria que no disponen de suficiente personal. Así, varias veces cada día, cuando se marcha el único equipo de sanitarios disponible, quedan sólo atendidos por un celador. A veces ni eso. Pues también el celador tiene sus necesidades, y otras obligaciones como desplazar a un enfermo, atender otras tareas como la limpieza o mantener el orden. Viéndose obligado a abandonar la entrada de urgencias y el correspondiente teléfono.
Cuando imprudentemente nuestros directivos dejan solos en un punto de urgencias a celadores (“personal no sanitario” sin la formación adecuada), los obligan a realizar “triaje” (valorar los paciente que llegan) y decidir en función de “su criterio” si el paciente puede esperar o llaman a un sanitario. Esto no sólo supone una situación de peligro para el paciente sino también para el trabajador que es sometido a una situación para la que no esta ni preparado, ni entrenado, y que le supone un riesgo psicosocial y daño a su salud. Algo evitable con la contratación de un solo enfermero de los muchos que esperan desempleados o en el extranjero. La salud de los ciudadanos y de los trabajadores nuevamente en riesgo. Denunciado en múltiples ocasiones y que no parece importarle a la “casta jerarca” o al menos les importa menos que el “ahorro” que buscan.
Otro ataque injusto, por arbitrario, discriminatorio, e inmerecido es el impago de la carrera profesional a muchos profesionales. Si existe un elemento de importancia crucial para la buena marcha de las organizaciones sanitarias, es, sin duda, una política adecuada de recursos humanos donde juega un papel crucial la carrera profesional.
En Andalucía todos aquellos profesionales que llegaron a la titularidad tras cualquiera de las oposiciones de los treinta últimos años cobramos la carrera profesional, sin ningún otro requisito. Sin embargo, aquellos compañeros que accedieron a la titularidad en las últimas oposiciones del año 2007 perdieron este derecho. Se les comenzó a exigir la acreditación previa. En marzo del año 2012, por sentencia del Tribunal Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha quedado en suspenso el modelo de evaluación profesional, basado en “comisiones de valoración de unidad”. Tras esta bochornosa suspensión por diseño injusto, parcial, falto de control y supervisión de dichas “comisiones de valoración”, nuestros “diligentes dirigentes” en lugar de corregir con presteza esas deficiencias señaladas por el alto tribunal y recuperar cuanto antes algo tan relevante para el buen funcionamiento de nuestra empresa, han utilizado la sentencia como otra oportunidad de recorte salarial. Aunque sea a costa de desmotivar a profesionales acreditados. Increíblemente, en Andalucía el proceso de la carrera profesional ha conseguido lo contrario de lo que se pretendía. Otro “éxito” de nuestra “casta jerarca”.
Otra situación insostenible es la falta de sustituciones del personal ausente. Una flagrante vulneración de los derechos estatutarios de los profesionales sanitarios reconocidos en la normativa habitual y que está provocando el deterioro más importante de nuestro servicio público de salud, con una importante pérdida de la calidad asistencial, un incremento de la demora, y una agresión a los trabajadores que presionados por una sobrecarga laboral, a veces insoportable, le genera estrés y un evidente riesgo para su salud y la de los usuarios. Una ilegalidad que no parece importarle a nuestra “casta jerarca” pues en Andalucía esta situación se ha convertido en “normal por frecuente”. Y además, aunque parezca increíble, habitualmente nuestra “casta jerarca” nos engaña y nos roba no remunerándonos por este exceso de trabajo, a pesar de estar obligados por la ley. Otra ilegalidad más.
En Andalucía existen muchos trabajadores de la sanidad desempleados, esperando ser contratados. No podemos obviar que ésto también implica una agresión a los derechos de todos estos compañeros. Muchos de los cuales están sufriendo unas pobres condiciones sociolaborales incluso viviendo en condiciones precarias, viéndose obligados a abandonar su familia, su ciudad, incluso nuestra comunidad. Y todo por una actuación ilegal de la “casta jerarca”, sin duda también inmoral. ¿Qué tipo de liderazgo ético pueden ejercer nuestros gestores?
Como reconoce la “Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales”:
“La reacción más conocida ante una situación psicosocial inadecuada es el estrés (…) Los problemas de salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador o cuando éste no recibe una adecuada compensación.”(…)
“Los riesgos Psicosociales tienen consecuencias tanto sobre la organización empresarial (absentismo, bajas voluntarias, baja productividad, etc.) como sobre el trabajador (daños a la salud)”.
Lo más grave es que todo ésto también repercute en un “riesgo para los usuarios”. La población está siendo atendida por profesionales con inseguridad laboral, estresados y sobrecargados laboralmente. Que han experimentado un retroceso importante de sus derechos laborales. Indignados por las reducciones de salario y su evidente empobrecimiento social y económico. Otros, engañados por la reducción de su jornada laboral y de sus salarios, pero no proporcionalmente de su carga laboral; que además se sienten robados por la injusta e irracional reducción de sus complementos. Unos y otros se sienten robados y estafados después muchos años de sacrificio y estudio. Circunstancias poco propicias para que estos profesionales puedan ocuparse plenamente de la salud de su población. Una situación impropia de una empresa cuyo objetivo esencial debería ser el de generar salud y que por el contrario, paradójicamente, enferma a sus trabajadores.
La actividad gestora de nuestros directivos está muy lejos de una “dirección por valores”, cada vez más necesaria. Ellos mismos carecen de autoridad y liderazgo ético. Su credibilidad flaquea por su cualificación personal y la forma en que acceden a sus cargos. Y si alguna vez tuvieron alguna la pierden por su falta de coherencia en su gestión contradiciendo los dos ejes esenciales de nuestro Sistema Público de Salud, que son los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos.
Lejos de lo deseable, nuestros directivos están inmersos en una trasnochada gestión por objetivos, centrada en criterios de eficiencia puramente economicistas. Si bien en cifras, nuestra empresa puede haber mejorado en “costos y eficacia”, difícilmente puede haber mejorado en “eficiencia real”. Es imposible que una gestión sea auténticamente eficiente cuando engañando a los trabajadores se les somete a un sobreesfuerzo, se les tima y no siempre remunera. Se les agrede en su salud física y psíquica, hasta enfermarlos, mostrando una falta de justicia, sensibilidad y respeto hacia los trabajadores que les desilusiona y desmotiva. Evidentemente, no puede haber eficiencia en una gestión reñida con la ética.
Se hace imprescindible un cambio radical en la gestión del SAS. Necesitamos dirigentes con actitudes y aptitudes para ejercer un liderazgo ético y una gestión más eficiente basada en valores. Hoy día la única concebible.
