Las interpretaciones complacientes del Ejecutivo del PP sobre la situación económica del país, mas que  aportar argumentos para el optimismo, por su carga de insolvencia y falta de seriedad, al no ser creíbles vienen a incrementar el escepticismo. 

Consecuencia de los drásticos e incesantes  planes de austeridad, la economía española  actualmente  sigue en  estado de recesión aún más prolongada si cabe  que la de 2008-2009,   sin que las desastrosas políticas llevadas a término por el actual Ejecutivo del PP dejen vislumbrar síntoma alguno  de recuperación, siendo evidente por tanto que en la presente coyuntura, sino se le busca remedio,  continuaremos  transitando hacia el futuro  en el furgón de cola de la Unión.

Con el agravante agregado  que a pesar de la complejidad de este contexto, hay quienes lejos de asumir  esa realidad se mantienen en sus trece  aseverando  «percibir  luz al final del túnel»; y cuando esto ocurre, entonces  tenemos otro problema añadido que agrava todavía  mas la situación,  pues ante la percepción  de tal espejismo, todo apunta a deducir que  los obligados a articular soluciones, lejos de actuar en consecuencia  muestran  una marcada  adición  al  consumo de alucinógenos, pues  caso  contrario, o les  estimulan  las prácticas del  mal ajeno mofándose  de la ciudadanía o  no se entendería  la proclamación a los cuatro vientos de tamaña estupidez.

Lo cierto es que la persistencia  de la recesión, aparte de producir  insolvencia política,   indica, que  de continuar con las actuales políticas de austeridad, la decadente situación que vive el país  empeorará en el corto – medio plazo, y  su efecto neto será dramático al acentuar el debilitamiento de la demanda; aspecto, que motivará que prosiga el cierre en cadena de las empresas y se acentúe la inactividad en los  autónomos hasta niveles aún desconocidos, cuya principal consecuencia será la prórroga en la  destrucción de empleo, y en consecuencia , la tendencia  a que el paro real mantenga su desmedido  ritmo ascendente.

Y todo ello por nadar contra corriente,  al haber establecido trayectorias de reactivación amparadas en versiones contrarias a la realidad , o en su defecto, por aplicar como  propias, fórmulas impuestas desde países divergentes,  haciendo caso omiso  a nuestras  referencias características,   a esa  singularidad distintiva de las particularidades de nuestra  propia idiosincrasia.

Por eso que en el actual estado de cosas, anunciar  desde el Gobierno   indicios de auge económico, además de una  tomadura de pelo, es  un hecho falso, una argucia desafortunada que ya no cuela ni crea optimismo contagioso en sus defraudados destinatarios, para quien  el festival de previsiones  de los mensajes políticos del Gobierno, tras repetidos engaños, ha tocado a su fin  por extinción de  credibilidad.

Para desgracia del neoliberalismo político  y de sus argucias  de poder, las cosas no marchan a su antojo, de ahí que los miembros del Ejecutivo como activistas  de la cofradía neoliberal,  a estas alturas  ya debieran tener asumido  que  no caben   mas ficciones  ante una   ciudadanía políticamente formada, a quien  » la crisis, si les deja ver las causas»,  y que ajena a toda culpabilidad,  le asiste pleno  derecho a exigir   que la crisis la paguen los responsables causantes   conjuntamente con  todos aquellos que se beneficiaron de la misma, amparándoles igualmente la razón para  demandar que toda alternativa de  solución se establezca desde  el punto de vista de la mayoría del País y no en ventaja de una minoría privilegiada.

No debiéndose  obviar que el origen de la crisis  partió de un diseño premeditado,   de una combinación   a medida,  auspiciada desde la élite financiera en el ventajoso marco de una  globalización exenta de regulación, y cuya perversa especulativa indujo en beneficio propio una creciente disfuncionalidad mercantil,  hasta el extremo  de ser el propio sistema financiero quien  por esos cicateros intereses abandonó a su suerte a la economía real provocando el desmantelamiento de la actividad productiva, y en consecuencia,  disparando el desempleo hasta índices inusitados,   y todo ello, al  amparo  y con la aquiescencia de absurdos planteamientos neoliberales  sobre la relación entre mercado y regulación pública, cuya consecuencia, hizo que en vez de crecer la economía lo hiciera la corrupción y los especuladores.

Y es por eso que hay que forzar un cambio de rumbo, exigir que la sociedad sea tratada como personas y no como sujetos tributarios  de una deuda  ajena,   y que la economía deba estar al servicio de la sociedad y no a la inversa.

Esas que no otras han de ser las premisas para afrontar el fondo de la crisis de forma efectiva, a la par de establecer  bases positivas para un futuro  de estabilidad; pero  para que esta iniciativa no derive en fracaso, no han de ser los forjadores de la crisis ni sus aliados políticos quienes lleven a término dicha  proposición, a fin  de evitar el riesgo  que el sacrificio conjunto soportado por la sociedad vaya a parar  como hasta ahora, al circuito de latrocinio de ese  séquito de rufianes de moral despistada,  en vez de penetrar en la economía real  a través del  tejido empresarial para así redundar en ventaja del empleo y la ciudadanía.

Urge por tanto  erradicar del panorama político a esos agentes del neoliberalismo, a los  artífices de la debacle  y verdaderos culpables del hundimiento del país, pero que esto se cumpla depende de  las urnas, pues serán estas y nadie más,  quien el 25 de mayo tengan la  última palabra.

Controvertida semana para el presidente Rajoy, pues mientras que en sede parlamentaria el máximo mandatario del Ejecutivo, cerraba toda puerta a las aspiraciones de los secesionistas catalanes erigiéndose en adalid del mas férreo cumplimiento de la ley, al mismo tiempo, en irónica casualidad se hacía acreedor del quebrantamiento de la misma.
Eso al menos es la conclusión que debe deducirse a tenor de las últimas declaraciones del juez Ruz, al confirmar que el PP de don Mariano pagó en dinero negro la obra de reforma de la sede central que esta organización tiene radicada en la muy frecuentada calle Genova de Madrid

Ese doble lenguaje consistente en esgrimir la defensa de la ley y a la vez incurrir en su incumplimiento, se ha convertido en una práctica extendida en un amplio sector de la clase política, que en el caso de los miembros del grupo conservador , posiblemente por su genética franquista y la carencia del mínimo código ético, tal infracción se ha transformado en la mas usual norma de actuación, y todo, por su exacerbado egocentrismo como por el hecho de traerles al pairo que toda ley vulnerada desencadena un estado de insalubridad democrática y la introducción a la rutina autocrática, que a la vista de los acontecimientos debe ser su pretensión

Y casualmente, son esas conductas y esos manejos adúlteros los que hacen que cada día la política sea una actividad mas infravalorada y en franca decadencia, cuya falta de credibilidad social además de propiciar la desconfianza e indignación, provocar un divorcio entre los políticos y la sociedad, limitando sustantivamente el ejercicio real de la democracia.
Habiéndose de afirmar en este contexto que es la corrupción el fenómenos social mas ominoso y demoledor de las instituciones políticas que conforman nuestro Estado de Derecho.

A juzgar por los hechos, la tendencia a la mentira que acompaña el funcionamiento del PP, no ha de remitirse en exclusiva a puntuales acciones de engaño que rigen su dinámica electoral, como ocurrió con el simulacro llevado a término en las últimas Elecciones Generales y cuyo maquinado resultado fue la clave de acceso al Gobierno, pues se ha de tener presente que los últimos testimonios orientan otros desvíos hacia la perversión que despejan toda duda sobre sus malas artes y ponen de manifiesto que durante los últimos 20 años el grueso de financiación del partido conservador se costeó mediante contabilidad en B, cuyos ingresos fueron obtenidos a través de aportaciones, que en contrapartida ingresaban los beneficiarios de adjudicaciones públicas.

Y es ahí donde hay que precisar que las repetidas imputaciones políticas reflejan la generalización de adjudicaciones a dedo, esa extendida tendencia que además de arbitraria, delata la transgresión continuada del ordenamiento jurídico en materia de contratación, es decir, la inobservancia repetida de la Ley de contratos del sector público , de ese marco legal que más que una norma de disciplina contractual resulta ser un referente testimonial de nula eficacia.
Al menos esa es la deducción que corresponde al verificar que uno de cada cuatro euros consignados como inversión pública toman extravío hacia prácticas corruptas, tendencia que nos sitúa en el primer puesto del palmarés de la Unión, llegando al extremo que nuestra economía pierde más de 47.000 millones de euros como consecuencia de esas prácticas ilegales.
Resultado que hace que nuestro país sea el segundo a nivel mundial donde mas han empeorado los índices de corrupción.

El fenómeno de esta infección pervertida, implica que a efectos empresariales aún existiendo la formalidad de un acceso igualitario y libre concurrencia, la restricción al mercado de contratación pública la establezca la propia tendencia de adjudicación, que chocantemente, siempre viene a recaer en integrantes del colectivo empresarial afín a los hábitos corruptos, y eso es así, porque con la corrupción los bienes del Estado no se administran con arreglo a ley sino en desviación a la misma, para así poder convertir lo recursos públicos en medios generadores de beneficios particulares para ventaja de organizaciones y políticos desaprensivos.

Por eso en el actual contexto de degradación, quienes interpreten el espíritu de la ley acorde a interesados patrones de conveniencia, han de apencar con la responsabilidad de que a tiempo presente la legalidad sea un valor en decadencia, habiendo de asumir igualmente que toda implicación en actos de corrupción es una deslealtad, una grave desviación y violación de la ley que resulta altamente peligrosa para el normal funcionamiento de un Estado democrático, y que por ello, debe llevar implícito consecuencia derivadas, que en supuestos de implicación, mas que medidas de paños calientes , debe forzar en prueba de escarmiento el abandono de la función política de los encausados.

Toda rebeldía tiene en su origen un factor causante, por eso, cuando los últimos treinta años de la historia de una comunidad se hayan de narrar otorgando especial protagonismo a la pancarta y a la manifestación, no es al colectivo de los inconformistas a quien debe adjudicárseles la progenitura de la conflictividad, pues en toda convulsión, la verdadera autoría debe atribuírsele en exclusiva, a quienes, ostentando el poder y obligados por tanto a tomar cartas en el asunto, por falta de proyección política y negativa a trabajar en la dirección adecuada, en vez de articular soluciones, optan por inhibirse del problema que desencadena la incitación al conflicto, suscitando así que la secuencia de la agitación social persista en el tiempo.

Conste que no estoy a referirme a un supuesto alegórico, pues lo dicho, mas que figurado es la plasmación efectiva de una realidad concreta, de una situación precisa que se produce en el contexto de un escenario geográfico determinado, cuya localización marginal al borde de la periferia del Estado, es la reproducción de un suburbio social donde se impone el liderazgo de los mediocres y la política es ejercida por unos titiriteros que antes de haber perdido su crédito ya habían extraviado todo control sobre el manejo del hilo trasmisor.

Estamos hablando del emplazamiento de los astilleros subvertidos, de la comarca de las reconversiones ficticias, de polígonos industriales tapizados de maleza, del lugar donde la tasa de paro supera a la de ocupación, de un contorno que se desertiza por su permanente sangría poblacional; obviamente todo esto y mas, define la adversa singularidad del marco territorial de referencia, que por pura lógica espacial no puede ser otro que Ferrol y su contorno.

Ya situados en este ámbito espacial, toca cantar verdades y recordar que el factor causante del descalabro de su principal actividad productiva tuvo su origen treinta años atrás, de ahí que intentar a estas alturas camuflar la complejidad socio económica de Ferrolterra en el contexto de la crisis general, es pretender eliminar páginas de la historia para invertir la realidad; y ello, con el perverso objetivo de intentar despistar la implicación política en la comisión de los hechos que llevaron al motor de la industria local a una crisis funcional, que transigidamente a través del tiempo y diseñadas turbulencias sistémicas hicieron agravar hasta su deriva en la actual situación de colapso que apesta a fase terminal.

Todo indica que estamos ante el conato de una tercera reconversión naval, eso al menos son las señas que se deducen del adelgazamiento de la cartera de contratación de los astilleros, como la incógnita añadida sobre el quehacer del día después a la extinción del segundo veto del sector; incertidumbre, que mas que tener respuesta creíble, va acompañada de evasivas políticas en versión interpuesta utilizada indistintamente por el PP y el PSOE, que como artífices de la debacle, intercambian su papel atendiendo al juego inverso que les demanda el hecho variable de ejercer como gobierno o intervenir de opositor.

En todo caso un referente de ambigüedad, que pone de manifiesto la escasa fiabilidad que tras treinta años de inutilidad, deben merecer los miembros de este duopolio político para representar y luchar por los intereses ciudadanos de esta comarca en el marco de la Unión.

Por tanto, se ha de afirmar que la precaria situación que vive a tiempo presente el sector naval de la comarca, mas que venir dada por condiciones de mercado o competencia, es causa refleja del escaso peso político de quienes ante Europa en cómplice y repulsiva conjunción, reiteradamente, durante cinco legislaturas desde nuestra adhesión, asumieron la restricciones y limitaciones impuestas a la cuota de tonelaje asignada a nuestro sector naval, claudicando así a las interesadas exigencias de otros estados miembro.

Y es por ello que ahora, cuando entramos en víspera electoral sea obligado revisar conductas para decantarse por lo correcto, y nada mas apropiado que comenzar por discriminar actitudes pretéritas para así oxigenar la dinámica democrática apostando por candidatos idóneos, `por hombres y mujeres con carga de honestidad probada que lejos de incumplir sus promesas al día siguiente de las elecciones, se mantengan firmes en la defensa y continuidad de nuestra Industria de Síntesis, en el contexto de un marco de compromiso, reciprocidad, transparencia y lealtad.

En razón a los hechos, ya debiéramos estar de vuelta y saber que no se ganan las elecciones el día de la votación sino en el hacer del día a día, y que las campañas electorales solo valen para promocionar lo que nunca se llega a cumplir, de ahí que el 25 de mayo, por el futuro de esta comarca estemos obligados a plantar ruptura con el pasado, con quienes por todo resultado aportan una enciclopedia de treinta años de engaño y tres décadas de incorrección.

Cualquier autónomo, pequeña o mediana empresa que mantenga su sensatez aquilatada a criterios de razón y por tanto sea inmune a los sortilegios embaucadores a los que nos tiene acostumbrado el actual Ejecutivo, le será fácil comprobar que la crisis continúa, y que por tanto, la recesión de la economía real mas que haber quedado atrás como engañosamente se quiere hacer creer, sigue empeorando a pasos agigantados, y todo, por la incapacidad de este Gobierno a afrontar soluciones de síntesis.

Por esa obstinación suya en hacer inviable toda expectativa de recuperación al defender por único remedio una inadecuada disciplina a las recetas de austeridad, y no venirse a razones poniendo en práctica soluciones efectivas a través de políticas expansivas y de crecimiento.

Hay elementos de análisis sobrados para confirmar que seguimos soportando una situación de práctico estancamiento, pues ni las condiciones del mercado interno reflejan que la demanda repunte, ni el alto nivel de endeudamiento facilita la continuidad de las prácticas de gasto e inversión, como tampoco, el estancamiento del paro viene a indicar tendencia hacia la generación de empleo.

Habiendo de añadir a ello, de una parte, la disfuncionalidad de un sistema bancario que lejos de normalizar la canalización de crédito hacia la economía real y el consumo, se vuelca a favor de la mas apetitosa práctica especulativa, primando preferencia hacia la financiación política de la Administración Pública; siendo otra restricción limitativa, la adversa valoración que se tiene granjeado este Gobierno, a la que hay que añadir, la acelerada erosión de confianza experimentada por su Presidente como consecuencia de la falta de resultados efectivos y de la ambigüedad de su retórica reformista.

Aspectos que en su conjunto, sumados a la evidente subordinación que el gobierno de Rajoy mantiene hacia las prácticas neoliberales de la canciller Merkel, hacen que se dispare la insolvencia dirigente por efecto de esta atadura de dependencia foránea, hasta el extremo, de reducir a mínimos su margen de maniobra, ocasionando con ello que la economía española no sea dueña de su propio destino, y todo, porque el actual Gabinete está menguado de capacidad para ofrecer respuestas acordes a la dimensión del problema y cerrado a la puesta en práctica de políticas efectivas de recuperación.

De ahí que mientras la cúpula dirigente del país no tome reconocimiento de nuestra realidad distintiva, y en vez de articular soluciones genuinas, opte por salir del actual laberinto atendiendo a consignas exóticas de escenarios divergentes; podrán seguir engañando a la sociedad propagando hasta la saciedad el simulacro de la «recuperación» como cosa cierta, pero lo que nunca lograrán con su impostura será sacarnos del atolladero.

Mientras las empresas declaradas en concurso de acreedores prosigan su tendencia ascendente estableciendo un nuevo record histórico en la destrucción del tejido productivo, y la reforma laboral siga operando como una máquina de destruir empleo, los cronistas del éxito podrán seguir esquivando la evidencia del fracaso, pero la subordinación del poder político al liderazgo de Alemania y la asunción de pertenencia económica al nivel periférico de Europa acabará por quebrar al país y a sus ciudadanos, para ventaja y gloria germánica.

Al parecer el actual Gobierno se conduce sin cualidad reflexiva, pues si así no fuera, no incurriría en ese error político de doblegarse a las directrices de Alemania, cuando el verdadero objetivo teutón nunca fue fortalecer la gobernanza entre los paises miembro, sino ejercer como única potencia económica de Europa a la vez que propiciaba el empobrecimiento del resto de la Unión, siendo buena prueba de ello, el suculento negocio de la adhesión de nuestro país a la Comunidad Económica Europea, operación, donde sus empresas se llevaron de nuestro país, más del doble de millones de euros de los que España recibió de Bruselas.

Habiendo de añadir a ello, que fue esa misma Alemania que hoy se empeña en obstaculizar la reactivación del país con pautas de rígida austeridad, quien con el pretexto de modernizar la economía, exigió en aquella etapa la reconversión de los sectores que podían resultar competidores, para así limitar su capacidad generadora a las necesidades de sus monopolios.

Unas draconianas medidas que afectaron al conjunto de los sectores productivos, y muy especialmente, a la construcción naval, cuya continuidad está en serio peligro de mantenerse el actual factor de dependencia.

De ahí que en tanto las decisiones de futuro sobre nuestra economía sigan a expensas de los intereses alemanes, toda política genuina de dinamización económica mas que ser asumida como una solución habrá de ser concebida como un empacho de entelequia.

Así como  el poder sirve para hacer cosas grandes, mal administrado, puede inducirnos  a realizar exhibiciones innecesarias, siendo   buena prueba de tal afirmación,  las últimas declaraciones  del máximo mandatario de la CEOE, Joan Rosell, que desde la jerarquía de mando  que le otorga  la presidencia del selecto club  de la gran patronal española, en vez de optar por la  grandeza  de  exigir  medidas políticas efectivas que favorezcan la  reactivación empresarial y la diversificación de los sectores productivos, en un alarde de nimiedad  decide ponerse a orinar  fuera del tiesto, mientras apuesta decididamente por lograr la recuperación económica  a costa de una mayor restricción en materia salarial

Posicionamiento que sin ser solución de nada,  si le allana el camino a Rajoy para proseguir el severo cumplimiento  de  las determinaciones  establecidas por la  Troika y cuya expresa finalidad lleva  idéntica trayectoria, tal es, ahondar en la reforma laboral con la reducción implícita  de las retribuciones del trabajo.

Al parecer este  seguidor acérrimo de los  ‘mini-jobs’ alemanes, haciendo gala  de ese dogmatismo neoliberal que le caracteriza, apuesta por  reproducir en España la  precariedad que hasta ahora era la norma laboral de  los jóvenes germanos, de ahí  su absurda e inconstitucional excentricidad de proponer por mimetismo  un salario mínimo para jóvenes, inferior  al ya por sí minúsculo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aún a pesar que con sus 645 euros brutos mensuales es  uno de los más bajos de Europa; es decir, aplicar a nuestro jóvenes el pionero experimento del país teutón  a través de un tratamiento discriminatorio  dirigido a  dar base legal  a contratos de baja remuneración.

Todo un extemporáneo y desafortunado planteamiento, máxime cuando esto  ocurre  al tiempo que   la propia Merkel, después de años de negativa a fijar un salario mínimo, por razones de gobernabilidad,  se ve obligada a  ceder en sus postulados y establecer un hito en la historia laboral del  país sajón e implantar por ley un estándar de mínima retribución  como medida de estabilidad social  y  forma de paliar  la descomunal brecha salarial que su volátil política de  empleo causó en el segmento mas joven  de la estructura laboral alemana.

La paradoja  se presenta cuando  a pesar de tal  mutación, el  superintendente de la patronal española en vez de proceder en consecuencia  prosigue con su testarudez proponiendo  para nuestros jóvenes la disciplina  de  un régimen laboral prusiano cuando su propia  precursora ya lo decidiera desechar.

Pues si que vamos bien!.

Lo que raya en lo paranoico es el hecho que tan disparatada  proposición sea  utilizada  por su autor  como un  recurrente discurso en  justificación  de la reducción del paro juvenil, cuando es harto sabido que no se crean más empleos por más bajos salarios sino por más bajos impuestos laborales, y es ahí donde el Presidente de la patronal se le ve el plumero, al dar  la espalda a sus representados,  silenciando   lo que las pymes y los autónomos como afectados directos  denuncian  a viva voz .

Tal es, la abusiva presión fiscal del Gobierno que hace que los directos afectados se vean abocados a sucumbir ante la obligación de mantener el gasto público-político improductivo de la Administración, que de ser reducido a justos términos, no solo frenaría ese inducido cese de actividad, sino que además, posibilitaría una aminoración impositiva, permitiendo igualmente impulsar el crecimiento económico y la progresiva generación de empleo.

Es evidente que a pesar de ostentar la mayoría del tejido productivo del país, el Gobierno del PP con su desafortunada trayectoria política, ha puesto de manifiesto su total desinterés a contar con la participación de las pequeñas empresas y los autónomos, mostrándose mas proclive a satisfacer las inquietudes de los «lobbies» del Ibex-35, a los que sin reparo atiende en sus demandas a la hora de legislar, y todo en razón a que sus prebostes son los verdaderos patronos de la CEOE y auténticos «padrinos» del ejecutivo del gobierno del país, y como no podía ser de otra manera los únicos referente de defensa que tiene encomendado el Sr. Rosell, como recadero que es de los mercados y ministro en la sombra del Gobierno de Rajoy.

Si queremos adjudicar sensatez al futuro, no queda otra que poner cordura al presente, y para tal concurrencia, se precisa de líderes eficientes que velen por el interés colectivo al margen de influencias corporativas e intereses elitistas, siendo obligado para ello, contar con la participación al completo de la estructura empresarial como motor dinamizador de la economía, de tal forma, que se logre recuperar cuanto antes el tejido productivo destruido por la crisis.

Si bien dicho impulso exige en correspondencia, la eliminación de las actuales barreras y demás sobrecargas a efectos de aliviar impedimentos funcionales y detraer de todo lastre la actividad empresarial.

En un arrebato de excentricidad y sin inmutarse lo más mínimo, días atrás,   la  Consejera de Trabajo y Bienestar  del gobierno gallego Beatriz Mato, no reparó en   afirmar en sede parlamentaria que ”ninguna estadística rigurosa  vincula empleo con emigración»; pero con  tal declaración, veladamente, la protagonista de tamaño disparate traía a colación una insolencia medida, pues lo  que verdaderamente intentaba con su intervención, no era otra que darle esquinazo a la evidencia,   pretendiendo con ello,   además de tomarnos por imbéciles,    camuflar tras sus palabras  el dato cierto que viene a corroborar que  la emigración  de la población activa está evitando que el paro en nuestro país  haya superado a estas alturas  los 6 millones de afectados.

Pues si no fuera por la salida forzada de los 395.000 ciudadanos que  sin solución  de presente  ni expectativas  de futuro,    desde el año 2011 se vieron  abocados  a la emigración, la tasa de  paro en la actualidad  habría alcanzado  el 27, 9%, y eso  es así,   porque contrariamente a  lo que sostiene la  incongruente Conselleira de la Junta,  la  exclusión del mercado de trabajo de esa masa ingente, al constriñir  el  censo de población activa  hizo disminuir  el número de parados inscritos como demandantes de empleo  y por extensión el índice de paro, sin que tal circunstancia «stricto sensu», trajese implícito la creación  efectiva de empleo, pues obviamente  por puro rigor estadístico es fácil  deducir que  a menos demandantes de empleo, menos parados.

Realidad  que hace ostensible el desastre laboral que está viviendo el país,  y  lo que es mas grave, que delata el proceder inédito  de un Gobierno que a la par   que la  crisis sigue  destruyendo puestos de trabajo, intenta hacernos partícipes de su ensueño de descender  el paro  sin  necesidad de crear empleo, cuando es harto sabido  que  con el desbarajuste del actual modelo productivo y sin el acompañamiento de  políticas de crecimiento, esa meta, se antoja cuanto menos un desafío inverosímil,  fundamento probado, aunque  por   incoherencia sea ese  el argumento utilizado por  el Ejecutivo  para vender por éxito, lo que a todas luces  es un  estrepitoso fracaso en materia de  política laboral.

Pero con todo, lo expuesto solo aqueja a la clase de tropa sujeta a disciplina e instrucción, toda vez que  en este país  el comportamiento del mercado laboral  no mantiene uniformidad  extensiva que afecte por un igual al conjunto de la ciudadanía  demandante de empleo, pues cada una de las  dos Españas, mantienen su excepción, salvedad que en este asunto  favorece  en concreto al personal de libre designación o confianza política enchufados en la administración pública; siendo la   diferencia característica entre ambos sectores,  que mientras los agregados al  primero están sujetos a los avatares y comportamiento del mercado laboral, a este gremio de patrocinados, les es suficiente  con disponer  de afiliación política para ser nombrados con carácter discrecional  sin cumplir mas  requisitos  ni tener que probar experiencia alguna, y que para mayor desvarío su disparatado coste en sueldos supera  con creces el derroche  anual  de 1650 millones de euros.

Estas prácticas por si mismas  no solo  representan un acto de prevalencia  del sector político a favor  de  ese enjambre de parientes y militantes que conforman el entramado de partidos políticos,   sino que  incluso, con ese  nepotismo endogámico  se está  consumando un agravio comparativo en ventaja de ese colectivo  de  30000 agraciados, cuya  contratación a dedo además de un indiciario delito de prevaricación, está acotando el acceso y  la libre concurrencia de cualquier otro demandante de empleo a esa administración paralela; hechos que producen un agujero negro en el funcionamiento del sistema  democrático, cuyas consecuencias por opacidad y parcialidad  hacen que confluyan  esos turbios  manejos  de contratación  con el   extendido fenómeno de la corrupción.

Posiblemente ahí radique la inducción al error de la señora Consejera, que habituada por afinidad a la modalidad de empleo político, en un lapso reflexivo, se refiriera a esa protección genuina al punto de afirmar que «ninguna estadística rigurosa vincula empleo con emigración», pues de ser así estaría en el cierto, por ser un hecho veraz que en este país nunca tienen que emigrar los apadrinados políticos.