Resulta inadmisible todo  planteamiento  de regeneración democrática  que no venga precedido  de la erradicación de todo  síntoma  de  degeneración política, y en esta relación de reciprocidad  tiene el PP el infranqueable impedimento de su propia corrupción.

 Desde  el inicio de la crisis, los  ciudadanos que esporádicamente se echaron  a la calle  denunciando  la degeneración del sistema, en su gran mayoría,  lo hicieron entonando voz en grito, el lema, «lo llaman democracia y no lo es»; eslogan, que por mas exagerado que pudiese parecer, la realidad de los hechos  puso   de manifiesto la contundencia de  su veracidad, pues  aún resultando exagerado decir  que  vivimos en una dictadura, no es menos cierto , que en un país que se esmera en otorgar  protección  a los embaucadores  en  detrimento de sus damnificados,    en ese estado de cosas, con  un poder político secuestrado y plegado a los intereses económicos de las élites financieras, eso que dan en llamar democracia   es de todo punto una completa  falacia,  aun cuando, por puro formalismo  la ciudadanía  pueda ejercer su derecho electoral.

Lo cierto es que el actual estado de degradación democrática,  lejos de adecuarse   a los  postulados  que  interesados analistas circunscriben  al desplome de la bonanza económica,  el hecho  innegable es  que su origen va  mucho mas allá, tanto,  que en adecuada temporalidad, para dar con sus causas,   habremos de remitirnos al  contexto de otro tiempo político en estricta coincidencia  con la transición, pues fue  en ese momento histórico cuando sin mediar cambios en lo esencial,  a través de maquillados retoques de apariencia, los partidos políticos ajenos al régimen, en contrapartida a su legalización optaron por desechar la ruptura  sin establecer mayores exigencias, siendo así  como la oligarquía  del franquismo sin cambiar de identidad siguió ejerciendo idéntica función  después de aquella perniciosa metamorfosis.

Fueron aquellos hechos  los que frustraron de partida la viabilidad  de una democracia que pudo haber sido y no fue, por cuanto, tanto la  incorrección del modelo de transición aplicado como  sus circunstancias derivadas,  situaron toda  hipótesis  democrática  en permanente riesgo involutivo, al ser los mismos oligarcas de siempre quienes siguieron   manteniendo  el  pleno poder  del aparato del Estado, que en todo momento fue superior a la comparativamente  insignificante influencia ejercida por el ejecutivo de turno.

Es decir, que al margen de prácticas de fantasía o ilusionismo, lo cierto es que el poder real dista de ser  el político, y así, los distintos gobiernos del bipartidismo  lejos de ejercer categoría  alguna  de mandato, se dedicaron a  cumplir exclusivamente  como subordinados  de la  oligarquía económica que sostuvo al franquismo, que en síntesis, fue y  sigue siendo el verdadero poder real de  nuestro país.

Atendiendo a esa mas que evidente conducta  de  sumisión,  resulta sorprendente   el reciente alarde de sublevación contestataria  proclamada por un desconocido  Rajoy, quien,   aprovechando  una orquestada campaña de imagen, para sorpresa de propios y extraños, erigido en adalid del contrasentido, no reparó lo mas mínimo  en  ofertar medidas de regeneración democrática, delatando  con ello además de un alto grado  de desfachatez,  inobservancia plena  al mínimo código de conducta, pues además de la cesión ante la presión de los mercados financieros,  es de todo punto sabido su implicación como máximo dirigente  del PP en el mas sonado escándalo de corrupción, y ambos aspectos en su conjunto ponen de manifiesto el trasfondo electoralista  que esconde su tan cacareada  oferta regenerativa.

Lo que intencionadamente despista  el Presidente  Rajoy, es que todo supuesto de  regeneración democrática lleva implícito un   reconocimiento de degeneración política, pero al parecer, entrar a profundizar en ese aspecto es algo que no interesa ni preocupa lo mas mínimo al entender  que no es ese el  objeto del debate, y al respecto,    para despejar toda  incógnitas  se ha  de precisar que el gobierno del Partido Popular con su cabeza visible al frente, formalmente   no pretende regeneración alguna, sino retroceder a hormas políticas del pasado, y cuando esto ocurre,   mas que estar asistiendo al restablecimiento de una verdadera democracia, clandestinamente, se está promoviendo  la estabilidad de la corrupción en todas sus formas posibles.

Por eso, aunque se empeñen en manifestar  que no hay electoralismo en su planteamiento,  lo cierto es,  que la finalidad de esta  estrategia regenerativa no es para nada una reconsideración de postulados políticos, sino una nueva argucia electoral, una maniobra, cuya única finalidad  es  frenar los malos augurios  que les depara el  ecosistema político, al reafirmar el  cada vez mas evidente final del bipartidismo; pero se equivocan de plano al pensar que con  actitudes testimoniales como la  reducción del número de aforados, la disminución  de  representación parlamentaria o el cambio de modalidad  en la  elección de los alcaldes, tienen el tema resuelto; pues la exigencia  es otra y diametralmente  distinta, y pasa   esencialmente por el restablecimiento y profundización de la democracia que se ha degenerado, limpiando las instituciones del Estado de corrupción para que sea la decencia  un valor presente al inicio del mas que obligado Proceso Constituyente.

Y mientras eso no ocurra,  es de todo punto evidente  que  la degradación  política mantendrá su ritmo ascendente.

Toda medida que implique infracción  del principio de igualdad debe resultar inapropiada en un Estado de Derecho, y por ello, el privilegio  de aforamiento ha de erradicarse sin excepción,  pues aparte de una aberración democrática es una  insensatez jurídica.    

Escuchar el propagado desatino que todos somos iguales ante la ley, mientras resulta público y notorio que más de 10000 personajes de la distinguida élite social, incluida la prole parlamentaria, gozan de privilegios procesales y penales vía aforamiento; hace que dar oídos a tal afirmación , además de suponer una ironía, sea una tomadura de pelo inadecuada de un país democrático y mas acorde a la adulteración pretérita del Spain is different; analogía, que por apropiada viene a trasladar la escasa fiabilidad que debe otorgársele, a quienes, para amparar sus privilegios a través de artificios se empeñan en desfigurar la realidad ante la ciudadanía, cuando es harto sabido que la conocida afirmación de igualdad ante la ley es una mera formalidad coloquial tan repetida como falsa, de ahí la necesidad de discernir entre la verdad y la retórica.

Esa prevalencia otorgada a la cúpula dominante del país, aún siendo ahora cuando salta a la palestra como consecuencia del proceso de reaforamiento concedido vía exprés al ex rey tras dejar su real cargo, lo cierto es, que tal prerrogativa fue instaurada en su día de forma deliberada por parte de los constituyentes, con la expresa finalidad de variar las reglas de competencia judicial en favor de ese cuerpo social selectivo participado por la » aristocracia» de los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo, y judicial), para llegado el caso, lejos de quedar sometidos a la pauta que rige para el resto de los ciudadanos vía juzgados de instrucción, reservarles el derecho distintivo de ser encausados y juzgados por determinados tribunales expresamente señalados, es decir, otro lastre mas de la transición, o lo que es lo mismo, el mantenimiento en equivalencia de los distingos de aquella España del franquismo.

Quizá por no ser dado a tragar con ruedas de molino, tampoco soy conforme en consentir el interés de algunos por perturbar el principio de igualdad sin justificación motivada, no pudiendo asumir por tanto, que las normas procesales que en buena lógica son establecidas como directivas de aplicación para esclarecer la verdad con plenas garantías, tengan que ser alteradas para satisfacer ventajas específicas de las castas del poder, toda vez que en una democracia formal y realmente representativa, en buena lógica ha de regir el principio de homogeneidad, y eso solo será así, cuando se asuma por irrenunciable que la verdad jurídica no puede tener carácter parcial ni versión diferenciada entre ámbitos ciudadanos, y solo desde esa percepción se entenderá el aforamiento como un privilegio excluyente que merma garantías y derechos al resto de la mayoría desaforada.

Actualmente el deterioro va in crescendo, al poder comprobar como los aforados son un espécimen exclusiva de nuestro hábitat, una pandemia genuina restringida al marco territorial del suelo patrio, una singularidad, que convierte el tan llevado privilegio de aforamiento en un precepto de excepción en el resto del ámbito europeo, hasta el extremo que dicha práctica toma marchamo de exclusividad española; resultando de todo punto paradójico que la consolidación de ese monopolio de salvaguarda de capitostes, se efectúa a libre determinación del país otorgante, sin que en este caso, medien exigencias restrictivas como los recortes impuestos a otros derechos sociales por las directivas de la Unión.

Con todo, lo que resulta extremadamente curioso es la dualidad de liderazgo que ostenta nuestro país en el ámbito de la UE, y así, al tiempo de encabezar con notoriedad el ranking relativo al multitudinario aforamiento, también lo capitaneamos en lo que respecta a la corrupción política , esa extendida patología en fase de empeoramiento incesante y que por el blindaje que representa esa desmesurada activación de aforamientos y la repercusión de las excepcionalidades jurídicas de acompañamiento, cada día se hace mas difícil combatir.

Al hilo de lo expuesto, es mas que evidente que la clase que domina la mayoría política, desde el inicio de la transición se dedicó a utilizar la institución legislativa con la finalidad de establecer un estatus favorable a sus protecciones, y diferenciado por tanto, del interés general del resto de los ciudadanos, haciéndose patente a través de la estridencia política, su arbitrariedad y desvío de poder, cuyo resultado final se resume en la violación del principio democrático fundamental de igualdad ante la ley, como también en subvertir la separación de poderes, supeditando al Poder Legislativo y al Poder judicial, por parte del Poder Ejecutivo.

De ahí que a estas alturas no quepan medias tintas y que la única solución al problema pase por la absoluta anulación de las ventajas otorgadas, que forzosamente, ha de conducir a la supresión al completo de toda condición de aforamiento, como punto de partida, para sustituir el sistema político establecido por otra forma de hacer política, donde sea la protección al ciudadano la que elimine las dispensas de la casta dominante.

El reciente seísmo electoral que causó serios daños en la estructura del bipartidismo, hay que entenderlo, como  el principio  del  fin de quienes a pesar del demoledor  efecto siguen reafirmándose  en la  continuidad de sus políticas como solución de futuro.

Por el  hecho  de estar vacunado de sorpresas, he de reconocer que casi nada  me asombra ya en la política, de ahí que  ni me extrañe que el PP ostente  el gobierno de la nación a pesar de costearse con dinero negro, como tampoco, me impresione lo mas mínimo que los siempre republicanos miembros del PSOE, llegada la hora de la verdad, tiren del transformismo y se conviertan en  cortesanos.

Pues  nada te puede extrañar  cuando  juegas con la ventaja  de tener por confidente  al «devenir histórico», a ese auténtico informador de  los acontecimientos  que a través del tiempo  te mantiene asiduamente  en plena actualidad, desde el día y hora, en que los incompatibles tirios y troyanos de esta representación,  limaran asperezas,  y de mutuo acuerdo, tras la apariencia  de  una presunta  transición política decidieran invertir la realidad  poniéndole  antifaz a la dictadura, para así una vez  enmascarada, hacerla pasar por auténtica   democracia.

Relación  confidente que  solo se puede establecer  desde un tratamiento  de la historia en arreglo a sus  justos  términos, es decir,  al margen de toda  entelequia y disidente por tanto, con la  oficialidad de la   fraudulenta versión que sobre la transición política nos quisieron  hacer tragar  unos interesados  guionistas, que a propio intento.  se empeñaron en  validar    como verdadero lo que a todas luces no era mas que  la representación  de   una  simulación  orquestada .

Por cuanto,   lo cierto fue  que más que un rompimiento con el régimen  anterior, en este país  no se consumó ningún proceso de cambio, y mucho menos de transformación democrática  «stricto sensu»,  sino que todo síntoma de mudanza perceptible,  se limitó  en exclusiva,  a una reforma de baja intensidad  que  desde el autoritarismo  del régimen establecido propiciaron los mas radicales guardianes  del sistema, a la vista  de los acontecimientos  y ante el  riesgo de ver  amenazado su propio estatus, y así,  en contrapartida al mantenimiento de sus privilegios, accedieron  a tolerar el  lavado de cara de la dictadura  logrando con aquella acción testimonial  difuminar el tránsito  hacia la democracia  tras la teórica apertura al  marco de  libertades  que a pesar de su nula efectividad, en todo momento contó con el refrendo colaboracionista   del sector mas blando de la oposición  política.

Y así, aquella alianza contra natura, hizo que de la ilusión ideológica forjada en  la etapa de la  clandestinidad  pasáramos a un proceso de entreguismo,  donde, la mayoría política que debiera liderar la auténtica transición,  en un ejercicio de renuncia, optó por   asumir como propios los malos hábitos del franquismo  al aceptar la  disciplina impuesta por  los poderes fácticos  del antiguo régimen, hasta el extremo de instaurar en relevo,  la hegemonía neoliberal que transformó la inicial  aspiración democrática en una desgracia de  cinismo político,   propiciando con ello, la consumación del relativismo moral  y la negación del antifranquismo,  cuyas consecuencias en último término,  como es harto sabido, nos condujeron a  la degradación política y a un estado  de  decadencia social y económica sin precedentes.

Siguiendo a ello  la opacidad  y el engaño como caracteres de conducta y comportamiento  de aquella  bicefalia política postfranquista,  que por alianza de intereses,   tomara en primer término el control  del país  y  cuyas consecuencias posteriores por oligarquización  de los partidos políticos  y desmovilización de las masas populares,  hizo resucitar los peores vicios de la dictadura; circunstancia    que además de cercenar toda posibilidad  de  regeneración democrática consolidó la implantación  del social – liberalismo, reforzando la jerarquía de mando en favor  exclusivo  del  poder  económico.

Explosiva mezcla, que resultó ser el factor causante de la  acentuada   degradación política, de la acelerada desintegración social y sobre todo, del desaforado  fenómeno de la corrupción, que por su carácter generalista,  se ha convertido  a los ojos del mundo en el referente distintivo de identificación  de la marca España.

Por eso ahora, cuando saltan las alarmas de la convivencia, cuando el nivel de deterioración económico – laboral  supera todo límite de tolerancia,  y cuando para mayor complejidad, el oficialismo político en su prórroga   de ventajas se afana en reforzar los privilegios y los malos  hábitos del sistema, otorgando tratos preferentes y distinciones selectivas, lo procedente,  es poner punto final a lo  inadmisible de la situación, utilizando  por única  vía de solución la  erradicación de  la actual dictadura de diseño, para afrontar alternativamente  el mas que necesario  proceso constituyente, como tránsito  a una nueva Constitución que ajustada al actual contexto  sea capaz de cancelar todas las connotaciones con el pasado, a la vez,de dar respuesta a las necesidades  e inquietudes futuras que requiere y demanda  el conjunto de la  sociedad.

Y mientras este objetivo no se alcance,  contra mejor  parecer, entiendo, que  España podrá seguir siendo lo que es , pero nunca un  país para demócratas.

Establecer en   el ámbito territorial de los astilleros  rutas  de turismo industrial no deja de ser una  completa temeridad, pero afirmar  que tan extravagante  actividad es la salida a la crisis del sector naval, aún  viniendo del presidente  Feijóo es una  burrada sensacional.

Decía  Oscar Wilde que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla, y al parecer desde la    periférica ciudad de  Ferrol, días pasados, sus dirigentes políticos decidieron  hacer suya la recomendación del dramaturgo irlandés, y  así, a través del proyecto  turístico «La Ruta de la Construcción Naval», de origen, se manifestaban dispuestos a reescribir la  historia sobre este  depauperado sector,  aun cuando, a posteriori  por interesada omisión  de contenidos, del  resultado final de su  adaptación se pudo deducir en definitiva,  que el implícito de la iniciativa estaba  mas próxima  a  un montaje  publicitario que  a la versión original  que la situación del  gremio exigía como  referente de contraste.

Desechando así una vez mas, la oportunidad  de articular alternativas de  salida a la  compleja situación  en la que sigue  sumida la que fuera históricamente  el motor  industrial de la  comarca.

La única ruta preferente que demanda el sector naval,  lejos de absurdos  planteamientos  de itinerarios turísticos al interior de las factorías exige el punto de  seriedad que  toda gestión y cometido  contractual recomienda , y por ello,  el recorrido que debiera presidir toda iniciativa sobre el sector, mas que aperturas a la vía ociosa  debiera  dirigirse  a desandar el camino recorrido durante las tres últimas décadas, para así invertir el ciclo de los despropósitos producidos  y mudar con ello la tendencia  de los nefastos resultados generados en tan largo período.

Traducción  que a tiempo presente se  pone  de relieve  al observar  el  prolongado vacío de las gradas  de los astilleros, su achicada cartera de pedidos, al igual que las disparatadas cifras de desempleo comarcal, que después de perder en los últimos  seis años diez mil puestos de trabajo en la industria vinculada al sector, con una tasa de paro del 32% registra uno  de los  indicadores  de desempleo  mas prominentes de Galicia.

Si absurda e irresponsable  fue en su día  la decisión política de  tragar con el peaje impuesto desde el selecto club de los  influyentes socios de  Europa para  facilitar nuestra integración en el marco de la Unión, en razón  a que  tal decisión por su carga de extorsión,  además  de causar  la mayor  destrucción del tejido productivo del país y quebrar  un sólido desarrollo industrial; en el caso  del   naval de la ría ferrolana, a pesar  de ser  un sector  estratégico y el pulmón en el que respiraba la economía de la zona, fue reducido sin contemplaciones a la mínima expresión, hasta el extremo, de causar con sus efectos un impacto irreparable  que dio al traste  con el  futuro de la comarca,  y que a pesar del tiempo transcurrido, por el gregario espíritu de unos fontaneros políticos de tres al cuarto,  prorrogó sus consecuencias hasta convertirse en esa asignatura pendiente que nunca se llega  aprobar.

Por eso que a la vista de los hechos    también resulte  incoherente e inaceptable que los mismos protagonistas locales que con su colaboración auxiliaron la consumación de la debacle del sector naval e impidieron con su docilidad concubina toda iniciativa de reactivación,  se erijan ahora en actores  principales  y vengan  a estas alturas con la insensatez de adjudicar potencialidades a los enclaves de producción naval ajenas  a su  vocación fabril, tal es, ese extravagante uso de los astilleros  como destino turístico industrial, máxime cuando  semejante desbarre,  entra  en sarcástica competencia  con otra realidad turística antagónica, como la que han de asumir infinidad  de vecinos y vecinas de esta comarca  que como consecuencia  de la inactividad   fabril de la construcción de buques,  sin soluciones de presente ni expectativas  de futuro se ven obligados a tirar de equipaje  y en un viaje sin retorno apremiados  a  sumarse a  ese cada día mas extendido  turismo forzoso  que en román paladino se llama emigración.

Cuando la actualidad debiera estar pivotando sobre las principales actuaciones a llevar a cabo   a efectos empresariales,  en el sentido  de abordar seriamente con la anticipación debida, un plan de futuro  para nuestros  astilleros  ante el nuevo escenario que se avecina como consecuencia del  inminente  fin  del veto del sector, y en consecuencia   poner la vista  en el acceso a un mercado amplio en condiciones de competitividad equitativa con el resto de los países participantes en el sector, con la finalidad  de rescatar los  nichos de mercado perdidos por la prolongada limitación de actividad  y poder establecer así acuerdos comerciales  que devuelvan el nivel de ocupación  y la capacidad de producción.

Cuando ese debiera ser el objetivo,  contra toda lógica, hay quien se decanta porque el vacío de barcos lo supla el desembarco  de turistas industriales ,  de ahí que  los obligados a tomar cartas en el asunto, parezcan mas enfrascados  en la conversión de las zonas industriales que ocupan las factorías, para  finalidades incompatibles y  distintas a las de  su razón de ser, que en tomar parte activa  en  el diseño y consolidación de  soluciones de síntesis que posibiliten con urgencia la recuperación del sector. Pero con todo, tal desatino tampoco debe extrañar  sobre manera, por cuanto el escándalo esta servido cuando  políticos de distinto signo y condición son  parte implícita  en  la  merma y  sustracción del espacio territorial en que se ve afectado alguno de los  astilleros.

En tanto no se logre conformar  un frente común  entre  las fuerzas progresistas de los países periféricos  de la Unión contra el neoliberalismo de Merkel, será el capital financiero alemán quien siga ejerciendo de  máxima autoridad del gobierno de la Eurozona.

En el plano político cuando fallan los argumentos a renglón seguido entra en escena el disparate, y como muestra de ello, tenemos  entre otras,   aquella escandalosa   declaración  emitida en su día desde las filas del PP asegurando que los jóvenes que  abandonaban el país en busca de empleo lo hacían  por  puro «espíritu aventurero»; todo un síntoma  de  desvarío de la formación conservadora, o lo que es lo mismo, un miserable parecer emitido desde la arbitrariedad de quien  ausente  de fundamentos, intenta  desvincular la excedida fuga migratoria de la precariedad socio laboral en la que nos encontramos  inmersos  como consecuencia de la subordinación política que caracteriza  la práctica   de funcionamiento  del   Ejecutivo de Rajoy.

Pues lejos de tomar razón de Estado y proceder  en consecuencia, atendiendo a la  luz de los datos,  es contrastable el carácter cautivo de  nuestra gobernanza genuina, pues tras la   aparente hegemonía del gobierno que lidera el grupo conservador, lo cierto es, que por transigida  permisividad  el ejercicio  de poder genuino esté desempeñado por  el establishment germánico,  verdadero  diseñador y promotor  de las directrices políticas de la  Eurozona, y por tanto, quien desde sus postulados neoliberales de negación al crecimiento, hace que nuestro país por esa imposición de supremacía  alemana, quede relegado al estancamiento, y por tanto, tenga cerrado en su ámbito el acceso a toda solución de futuro,  además  de motivar que   en números absolutos tengamos el peor saldo migratorio del continente, siendo ese el motivo para que  prosiga la tendencia  migratoria, y con ello,  se consume   en lo que resta  de década  una reducción de población entorno al millón de habitantes.

Esta realidad debiera ser razón suficiente para cambiar de actitud  y dejar  de insuflar optimismo a la hora de analizar el comportamiento del paro, pues en buena medida, la propagación  de  su descenso resulta una falacia  por adulteración de  la realidad;  por cuanto,   no es posible que  haya menos parados  cuando las políticas de austeridad prosiguen  destruyendo puestos de trabajo, ni tampoco es verosímil su reducción a la vez de decrecer el numero de ocupados,  a no ser que ambas paradojas  se justifiquen en el hecho de una sustancial reducción de la población activa.

Y justamente eso es lo que está ocurriendo en la actualidad como consecuencia de  la emigración creciente que vive el país, al hacer que la elevada cuantía de  desterrados laborales dejen de estar inscritos en los registros públicos de empleo, siendo ese desplome forzado del censo  de población activa el freno virtual a la subida del paro, sin que por ello existan  razones de peso, ligadas en  su extensión a la creación efectiva  de  empleo;  una realidad que tira por tierra  las optimistas previsiones del presidente Rajoy  cuando afirma  que al finalizar 2014 en España habrá menos personas en paro y más cotizantes a la Seguridad Social, unas previsiones fallidas que por inciertas anulan igualmente el anunciado  inicio de la  recuperación económica pues contra toda afirmación , lo cierto es que no habrá despegue de tipo alguno  hasta no alcanzar  la meta  de creación neta de empleo.

Por tanto, para establecer vías  de solución es imprescindible  darle un vuelco a la situación, que irremediablemente  ha de pasar por   cancelar  la subordinación  política existente y retomar el dominio de  la gobernabilidad del país ,  pues contra todo parecer, la imposición  de  la  uniformidad foránea no  puede ser el patrón tipo de aplicación  en escenarios territoriales divergentes, ya que nuestra propia  situación demanda  estimular el crecimiento en detrimento de   la  aplicación de medidas de férrea austeridad, toda vez que por si solas, mas que operar como solución del problema nos conduce al estancamiento del mismo, siendo factor reflejo de   su fracaso el negativo impacto en el consumo y el empleo, aspectos que vienen a reforzar la imposibilidad de construir una nueva prosperidad sin el acompañamiento de medida de crecimiento económico.

Pero toda alternativa  progresista a la estrategia de austeridad, lejos de promoverse como una medida unilateral de cada colectivo  opositor, ha de plantearse partiendo de  la unidad de   acción que la situación demanda,  para así conjuntamente, desde el ámbito de los países periféricos de la Eurozona (GIPS), erradicar de una vez por siempre  el  descrédito que desde los países del Norte se  les  viene adjudicando a los sureños  a través de  sesgadas  acusaciones y falsos testimonios, con la finalidad  de disfrazar de efectividad la austeridad de la  canciller Merkel  y despistar con ello   los intereses  especulativos de los grupos  económicos y financieros que representa y protege la mandataria germánica.

Y mientras no se aborte  la escenificación  de esta farsa neoliberal y cambie la actual coyuntura, toda solución de futuro será  inviable, en el marco de  una Europa que cierra la puerta a los pueblo  para dar preferencia al   libre tránsito   de los mercaderes.

El alcance de la corrupción viene a recordarnos  la imperfección de nuestro  sistema representativo, a la vez de  urgir variaciones en el ordenamiento jurídico que nos conduzcan   hacia estilos más democráticos de funcionamiento.

Después de  dos años y medio aparentando gobernar,  el Ejecutivo del  PP, lejos de aportar solución alguna  a la delicada situación que vive  el país, por todo resultado,  lo único que ha logrado es  uniformar  que el paro y la corrupción  se hayan convertido   en  un cliché iterativo  de la preocupación ciudadana; eso al menos es lo que se desprende mes tras mes de los  resultados  del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y que los datos referidos  al mes de  mayo  vienen a  confirmar, pues  a pesar  de los mensajes  de   evolución positiva que apócrifamente publicite el Gobierno, lo cierto es,  que la pervivencia de ambos problemas se mantienen  a la cabeza  del ranking de la inquietud del interés general, poniendo de relieve que un asunto viene unido al otro y que sin la erradicación  de  la corrupción  se torna imposible la creación de empleo.

Tomando referencia  del historial de escándalos, se confirma  que  el PP, con diferencia, lidera el  palmarés de la perversión política  del país, y con sus turbias prácticas, desde la estructura del poder ha trenzado un nudo ciego entre la corrupción y el paro difícil de desatar, trabazón  que  favoreció la puesta en práctica de una  la red de degradación  institucional, donde  se impuso un régimen clientelar que propició el saqueo generalizado de las arcas públicas, que además de resquebrajar los cimientos  del sistema, agravó la situación económica hasta el extremo  de impedir  toda  posibilidad de  reactivación; circunstancia,   que lejos de moralizar la política  acentuó la degradación de la misma   impidiendo el desarrollo empresarial, y por añadidura,  dando  al traste  con cualquier  perspectiva  de  evolución del mercado laboral.

De ahí que mientras no se  elimine de raíz a los activistas políticos artífices de   esta lacra y se suprima definitivamente la repercusión  de su coste social de 40000 millones de euros anuales, toda medida  de reactivación económica  que se plantee, será un burdo simulacro sin efectividad de resultados, por cuanto en esa tesitura, cualquier hipotético remedio seguirá surtiendo  un efecto negativo al prodigar  el  desánimo en los destinatarios,  e impedir por ello,  la puesta en marcha de iniciativas o `proyectos profesionales  que por arrastre de desconfianza  frenarán la creación de actividades empresariales, y tal limitación a efectos de empleo, generalizará la precariedad del trabajo de temporada haciendo extensiva  la no menos recomendable modalidad de acceso al mercado  laboral asistido por la afinidad política a través de la expandida prácticas del nepotismo endogámico.

Por tanto, ahora cuando repunta de nuevo este mal endémico  y la falta de escrúpulos se hace con el dominio de la situación, es hora de aparcar  la condescendencia para radicarse   en  posturas  de severidad,  y así,   de una vez por siempre cortar por lo sano, ubicando   a cada político  en su verdadero lugar de pertenencia, al margen de privilegios ajenos al resto de la sociedad,   sin tener  que tragar ni un minuto mas con   la  recurrente “presunción de inocencia”, con ese manoseado concepto que ante  la evidencia de las pruebas suele convertir  su uso en un espectáculo obsceno, en una perversión de la realidad, con la  estratégica argucia de disfrazar lo que es una  mala praxis de   aparente castidad.

Por  eso ante una   situación de emergencia como la presente, suprimir la corrupción  del país además del cometido preferente  ha de ser por encima  de todo  el mayor reto  que como ciudadanos  nos debemos imponer con la finalidad  de, volver a poner en valor la democracia, restituir la honradez perdida  a la esfera política en rescate de un extraviado  crédito institucional.

Para ello ante pruebas inequívocas de corrupción, al margen de su grado de implicación   hemos de suprimir  al político todo trato distintivo,  forzando su apartamiento cautelar del cargo para no dar pie que se  refugie en laberintos procesales donde  la demora resolutiva llega a  límites  desmedidos, pues se ha   de asumir  que  ante  un supuesto de imputación solo la separación del encausado de la función política es factor clave para avanzar  hacia un nuevo  rearme moral, y en esta vía   poder alcanzar la  regeneración de la función política, y con ello, habilitar la confianza hacia la estabilidad económica  el empleo.

Pero la arraigada concepción patrimonialista del poder, sumada  a la dominante  cultura de la opacidad, impiden que lo que en buena lógica sería recomendable  erradicar pueda llevarse a término, y así, salvo en casos forzados  por imperativo judicial, la corrupción mantendrá su continuidad convertida en una forma habitual de hacer política,  y esa práctica,  proseguirá  por la propia permisividad del sistema, pues se ha de saber,  que  en nuestro Código Penal  ni la financiación ilegal de un partido como tampoco el enriquecimiento ilícito en el desempeño de un cargo  están tipificados como delito y tal circunstancia , hará que la situación no  varíe  en tanto no se cambien la reglas legales y pasemos a hablar de la corrupción  organizada  como un delito político con clasificación expresa y  riesgo implícito.

Y mientras esto no acontezca, políticamente, casos como la turbia financiación de la sede del PP, no pasaran de ser una  simple anécdota

Después de  de  tres décadas continuadas  dominando el escenario político, el dogma neoliberal  causante de   la crisis, fracasa en su intento de    reconducir la situación  por aplicación de medidas  inadecuadas,   que mas que remediar el  problema   acentúan  la   recesión.   

     Nula fiabilidad pueden merecer aquellos que siendo un desastre al tiempo de predecir la llegada de la crisis, ahora se dedican a pronosticar la salida a la misma, pues resulta difícilmente entendible que quienes en su momento no fueron capaces de detectar anticipadamente la génesis de sus causas, lo sean hoy en día para determinar las soluciones de futuro, máxime cuando es harto sabido que los autores de tales vaticinios, lejos de operar desde la autenticidad de la soberanía política, lo hacen, desde la subordinación que supone hablar con la voz prestada de los dueños y señores de los mercados financieros.

Ese factor de dependencia, hace que actualmente exista una suplantación en el lenguaje del poder ,y todo, como consecuencia de esa dejación de funciones que envuelve el comportamiento de un amplio segmento de la representación política, que además de ocasionar un golpe bajo a la democracia representativa, hace que se imponga extensivamente el discurso neoliberal en sus coordenadas socio – económicas mas estrictas, situación que ubicando a la ciudadanía en estado de orfandad dirigente no solo genera una quiebra en el Estado social de derecho, sino que esas practicas de impostura, hacen que esta doctrina de aplicación sin ser solución de nada pase a tomar condición totalizante, dejando fuera de juego los derechos de la sociedad del bienestar y el marco de libertades al solo objeto de satisfacer las apetencias de los operadores especulativos.

Mal va este país si no cambia de trayectoria, toda vez que por el derrotero del neoliberalismo es mas que evidente que transitamos desde la situación de una economía de garantías fundamentales hacia la anomalía de un nuevo formato económico, orientado a la consolidación de privilegios en favor de una trama organizada, cuyo principal referente, ha de establecerse en el escándalo del conocido rescate bancario, de aquella acción desvergonzada donde con dinero público de todos los contribuyentes se impuso el pago a las malas praxis de estos traficantes mercantiles, que con sus perversos métodos dieron al traste con todo indicio de economía productiva, a la par, de poner patas arriba la estabilidad del país, para una vez resarcidos de la hazaña exigir de un domado Gobierno completar la faena, en línea de autorizar a tan patrocinado grupo de elegidos el saqueo de las empresas públicas rentables a través de su privatización generalizada.

Esa escandalosa relación de clientelismo, tendió a concentrar la riqueza en la órbita de una élite específica de marcado carácter especulativo, situando el poder económico en las peores manos imaginables, sin reparar que los efectos secundarios de tan lesivo proceder, por la proliferación de desigualdades indujo severos perjuicios en la estabilidad y continuidad de pymes y autónomos, que a pesar de ser los principales referentes del sistema productivo, piezas clave en la dinamización de la economía real y motrices de la creación de riqueza y empleo, afectados por la marginación y la supresión de estímulos, pasaron a convertirse en parte intrínseca de la crisis sin que su reversión sea otra distinta a la reversión global que exigen las políticas neoliberales del Gobierno.

Por mas derroche de optimismo que se le quiera adjudicar al futuro, lo cierto es que permanecemos estancados en la crisis sin visos de reactivación , y todo, porque los mandamás de la actividad política se empeñan en mantener vínculos de permanencia con valores ideológicos alejados de la eficiencia , tal es así, que a pesar del nefasto resultado de las políticas coercitivas al crecimiento que limitan el avance de la actividad productiva hacia posiciones competitivas en la escena global, la acción del Ejecutivo en vez de operar en corrección sigue imponiendo por toda norma la continuidad de una férrea austeridad que además de mantenernos en el estancamiento, delata la total incapacidad de esos mismos políticos en adoptar decisiones efectivas hacia la economía real.

Por tanto en la actual tesitura, cuando la crisis cumple ya mas de siete años y acentúa su severidad creciente, resulta inaudito el mínimo presagio prometedor de mejoría, máxime, cuando lo único que se expande a nuestro alrededor son los índices de deterioro y los síntomas de retroceso.

De ahí que toda solución a los problemas del país haya de pasar irremediablemente por la erradicación de la lacra del neoliberalismo y su versión mesiánica del mercado, eliminando en procedencia el conjunto de reformas neoliberales llevadas a término, para en sustitución, dar paso a un sistema alternativo que armonice la libertad de acción empresarial en el contexto de un Estado que tome compromiso responsable con el cumplimiento de otras garantías económicas, relativas al marco laboral de salud y educación, en el ámbito de una política fiscal progresiva y distributiva vía presupuestos.

Pues solo desde esta concepción podremos reorientar el futuro, haciendo del país la casa común de sus ciudadanos , que no la finca privada de unos cuantos privilegiados

El cambio de rumbo político en la  Unión, solo será posible dejando en minoría  al bipartidismo europeo, siendo los comicios de 25 de mayo donde se juega esta oportunidad al igual  que el dilema entre austeridad y crecimiento, y por tanto, el ser  o no ser del credo neoliberal.

Metidos de lleno  en la vorágine electoral, a nadie con dos dedos de frente  debiera    pasarle  desapercibido  que  después de ser ignorados  hasta la saciedad, los mismos que hicieran oídos sordos a nuestras  demandas,  justamente  ahora, acto seguido de habernos  sumido  en la noche de los tiempos, como si tal cosa fuera, sin inmutarse ni un ápice,  aparezcan de nuevo en  escena  haciendo ostentación de demócratas, y en  un alarde de  cinismo no solo  muestren una aparente preocupación por nuestros problemas sino que para mayor asombro, aún resultando increíble,  sea ahora en tiempo de campaña cuando detienen  sus practicas excluyentes  y  se presten  a querernos  escuchar.

Por patrón de coincidencia  es obvio que estamos asistiendo  a una reproducción iterativa de los anteriores comicios europeos, donde los miembros del bipartito PP y PSOE, por ligado asentimiento, a través de engañosas argucias   promovieron  un inaudito asalto a las urnas,  apropiándose  indebidamente del  capital electoral para su posterior  endoso con finalidad opuesta al sentir mayoritario de la voluntad  de sus otorgantes.

Tal fue,  malversar aquellos rendimientos electorales con la finalidad de prestar patrocinio al resurgimiento  del proyecto neoliberal, o lo que es lo mismo, a la puesta en práctica   de una  nueva versión de un periclitado patrón político, que en forma  de estándar anticrisis aceptaron como  suyo  sin titubeos los mercados financieros con el único propósito de imponerlo como  horma de referencia   para satisfacer así sus apetencias al tiempo de incrementar sus privilegios, mientras que  paulatinamente los colaboradores políticos  hacían el trabajo negro y suprimían todo  rastro de democracia representativa  a la par de dar al traste  con  todo derecho  de orden social.

Un deplorable proceder   auxiliado  por esos políticos metamorfoseados  que en vez de decantarse  por la defensa de sus  electores mostrando rechazo frontal al inapropiado sistema neoliberal, con sus comprometidas prácticas,  demostraron estar a favor de la imposición  de  este estilo de regresión histórica, donde  la instrucción  de la disciplina  de austeridad  hizo imposible la aplicación de otras  políticas activas de recuperación como  la  construcción jurídica y política de  una Europa desde un marco de cohesión, pues a pesar de sus intentos, era sabido que difícilmente  se  podía levantar un sistema de relación y  convivencia   sin el obligado reconocimiento y  consideración  del sentir de la voluntad popular.

Antítesis  persistente que situó  a los  candidatos copartícipes  de esta corriente  ideológica en una posición restrictiva  para cumplir funciones de representación popular,  impidiéndoles por tanto, ser  depositarios del mandato de los electores; pues en el contexto de la actual deriva europea presidida por una   guerra de intereses económicos entre los países miembro, como parte  de la periferia marginal, en modo alguno  podemos   poner  al frente  del los intereses  de nuestro país y sus gentes  a quienes se caracterizan por  establecer diques de contención a la voluntad de los  ciudadanos, y mucho menos, a quienes, en vez de velar por nuestra propia identidad como Estado,  propensos  a desertar de sus obligaciones, son proclives a ejercer como  gregarios  del centralismo dominante  presidido  por el absolutista  neoliberalismo anglosajón.

El futuro de Europa  precisa un cambio de paradigma que a todas luces  lleve implícito la total transformación de su arquitectura institucional, y por consiguiente, la renovación integral  de su representación política,  poniendo al frente  a hombres y mujeres   de probada integridad y  profunda oposición al sistema neoliberal, capaces de darle un vuelco a la situación y erradicar la lacra  de las actuales políticas; pero no hemos de olvidar que han de ser la urnas quien  produzcan el cambio necesario hacia esa nueva realidad, de ahí que atendiendo a esta premisa, en las elecciones de próximo 25 de mayo  se ha de asumir  que el voto útil será únicamente  el otorgado  a los partidos alternativos, a aquellas formaciones políticas  que establezcan por objetivo preferente el derrotar a la troika y finiquitar  de una vez por siempre con  las políticas de austeridad.

Opción distinta  equivaldría a seguir dando oxígeno  al  bipartidismo responsable de la actual debacle, habiendo de manifestar al respecto por docencia electoral  que  tanto el PP como el PSOE son parte conexa de  los acontecimientos  sobrevenidos que ahora intentan ocultar,    pues no en balde,  durante los últimos cinco años la agenda  neoliberal europea  de recortes y privatizaciones, fue conformada mediando un consenso  entre  populares, y  socialdemócratas europeos, y ello, sitúa a los miembros   de ambas corrientes  políticas en el papel de  directos  avalistas  del  neoliberalismos radical,  siendo por tanto sus candidatos a estos comicios  totalmente desaconsejables   como alternativa electoral.

Y esa evidencia no tiene otra lectura, por mas debates de  discordia  y desacuerdo que cara a la galería quieran protagonizar las formaciones en liza.

Ahora,  tú decides.