Por su permanente desafuero, los miembros del bipartidismo son los menos indicados para pilotar la regeneración democrática, al menos, mientras sus partidos no dejen de apestar a corrupción

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Se ha de tomar conciencia  que la reforma electoral del PP, no es más que un intento de controlar las alcaldías a través de un proceso de deterioro democrático,  que en si mismo entraña una dificultad insalvable para trabajar por el interés general y el bien común de la ciudadanía, y por tanto, es obligado combatir con rotundidad.

Aún no existiendo un proyecto de ley al respecto, solo quien practica la controversia política de  adjudicar medallas de Castelao  a la par de negarse  a condenar los excesos del franquismo,   unilateralmente y a menos de un año de las elecciones municipales, se le puede ocurrir el dislate de seguir alimentando la sinrazón de echarle un nuevo pulso a la democracia para alterar  por propio rédito político la vigente normativa que regula el proceso electoral en el  ámbito local, y  todo, desde la perversa oportunidad que le brinda el hecho de disponer   de mayoría absoluta en las Cortes Generales, aún cuando tal ventaja, al no ser otorgada para dicha finalidad haya  de entenderse   como un proceder  de pura  conveniencia, utilizado al solo objeto de burlar  la  expresión  mayoritaria  de los electores, cuyo escamoteo, reviste de nulidad  su contenido dada su condición ajena   a la voluntad  popular.

Hablar por tanto de regeneración democrática al referirse a semejante simulacro, cuando lo que en realidad  pretende el PP es  cambiar las reglas del juego para garantizarse el mayor número de alcaldías,   viene a   acentuar    su  acusada nostalgia del pasado  y por analogía, su manifiesta tendencia   de aproximación  a la «democracia  orgánica» de tiempos pretéritos.

Toda una ofensiva  reaccionaria  que pone al descubierto  el verdadero ADN político de quien intenta  sustituir el sufragio universal, libre, igual y  directo por una versión cada vez mas comparable  con la utilizada en aquellas  elecciones corporativas por el tercio familiar de épocas del  franquismo, y cuya finalidad al igual que entonces,   tiene por único objetivo hacerse a cualquier precio  con el control de  los ayuntamientos, como eslabón de enganche para asegurarse el poder omnímodo del Estado

En tal sentido, haciendo destape de la realidad es obligado confirmar  que las nuevas reglas de juego   que promueve el PP al margen de los electores, por mas excelencias  publicitarias  que  se le atribuyan,   su verdadero propósito se  corresponde  en exclusiva  con  un ejercicio de absolutismo en clave partidista, que además de  no beneficiar en nada  a la ciudadanía tampoco viene a  mejorar los niveles de calidad de nuestra democracia; pues aparte  de ahondar  en la desigualdad del voto, facilita la entrada en escena  de la inconstitucionalidad que representa la nueva modalidad del reparto de escaños de concejal, al ser distribuidos de forma desigual, acorde a  la atípica consumación de una mayoría divergente con  los apoyos obtenidos en las urnas.

Aparte de la dudosa constitucionalidad que rodea la iniciativa reformista del PP, el contenido de la misma es un ataque a la línea de flotación del municipalismo

Pero no solo  es Rajoy y su séquito de allegados quienes intentan disfrazar de normalidad  este ataque frontal a la democracia,    sino que  los representantes  del sector conservador del municipalismo,   sin tampoco escuchar la opinión de sus directos electores, dejándose llevar exclusivamente por los dictados  de su partido, no dudan en hacer una defensa cerrada del  planteamiento  de Reforma de  Ley Electoral Municipal esbozada por los mas destacados miembros del Ejecutivo.

Y  así, mientras los   candidatos designados a dedo en el seno de la organización conservadora, se atreven  a  erigirse   en   adalides de la representatividad utilizando por  interesado argumento la necesidad de reforzar la voluntad ciudadana frente a los pactos,   la  falacia de sus postulados se hace patente  cuando a espaldas de los electores,    optan   por  darle continuidad al anacronismo que  supone hacer gala de demócrata  al tiempo de participar activamente  en  la incongruente   elección indirecta de los diputados provinciales, donde al parecer, si procede mantener  vigente lo que resulta a todas luces injustificable

Nadie cambia las cosas para perjudicarse,  por eso que  tras la propuesta de Rajoy  de variar el régimen electoral  introduciendo  un sistema de representación a la carta, mas que percibirse un  fortalecimiento  de   la democracia a nivel local, se advierte  la devaluación de la representatividad  institucional, como también  una merma del  pluralismo social y político; síntomas de involución,  propios del debilitamiento que en  todo sistema de libertades, surge  cuando inadecuadamente, en clave partidista  se altera  la normativa que regula los procesos electorales,  y en consecuencia a ello,   se propicia que una minoría pueda ejercer el gobierno  contra la voluntad de la mayoría.

Aparte de la  dudosa constitucionalidad que rodea la iniciativa reformista del PP sobre la elección directa de alcaldes a través de la lista más votada, el contenido de la misma   es un ataque a la línea de flotación del municipalismo, por cuanto, su finalidad no responde tan solo al interés por conservar artificiosamente su representación hegemónica ante un mas que predecible revés electoral, sino que su aplicación por restrictiva causará una clara regresión  al  autogobierno local,   justo cuando la auténtica  regeneración de los ayuntamientos mas que adulteraciones democráticas como la presente,  exige  la puesta en práctica  de  medidas que contribuyan a garantizar  mayores  cotas de democracia real, directa y participativa.

Solo con  la pérdida de la mayoría absoluta del PP nace la oportunidad de regenerar la democracia y  devolverla  a la ciudadanía,  objetivo de inviable consecución,  si la prevalencia  de las actuales  taifas políticas sigue imponiéndose a la mas que necesaria  unidad   de actuación. 

En una democracia que se precie, uno de los preceptos básicos que debe presidir su funcionamiento,   ha de ser, el hecho de participar electoralmente  en pie  de igualdad  conforme  a idénticas reglas  y en equivalente concurrencia; garantías que para nada se pueden asimilar al ordenamiento electoral vigente en este país, al ser   deliberadamente  proyectado en el transcurso de la transición  para favorecer en  exclusiva la consolidación del actual  modelo bipartidista y que en razón a tal propósito, su contenido de marcado déficit democrático, fue pensado expresamente  para erradicar  a las minorías. 

Y así, si tal  característica es factor dominante en el contexto de todo tipo de comicios  en el implícito de  la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en lo que a ayuntamientos se refiere, cuando van transcurridos treinta y seis  años desde las primeras elecciones municipales, dicho marco legal, lejos de haber corregido sus aspectos mas restrictivos, por interesado imperativo se mantuvo invariable a pesar de menoscabar con su aplicación  el ejercicio de las libertades políticas.

Hay tenemos como muestra tangible, el escamoteo de la capacidad de decisión de los ciudadanos con el mantenimiento  de las listas cerradas   y bloqueadas, la continuidad  de la antítesis democrática seguida para el reparto de concejales donde  la aplicación del sistema D´Hondt se impone a todo intento   de representación proporcional, además de la perniciosa permanencia del umbral del 5% de los votos emitidos para poder alcanzar representación, un límite,  que no solo desvirtúa el  mandato electoral de un amplio sector de votantes, sino que  hace que mas de tres millones de ciudadanos, por exclusión,  queden fuera de las instituciones municipales. Factores todos ellos, cuya prorrogada  permanencia no ayuda para nada  a mejorar la confianza de los electores hacia unos  representantes políticos que  mas que promover corrección de tan injusto sistema electoral, durante más de tres décadas  optaron por favorecerse de su arbitraria  aplicación.

De ahí que ahora, cuando el gobierno de Rajoy, en un insólito ataque de reformismo decide afrontar a toda prisa    una revisión electoral para favorecer según dice  la gobernanza municipal, en modo alguno tan  acelerada pretensión reformista puede ser considerada un acto  de sinceridad, pues lo cierto es que las limitaciones   anteriores no solo prevalecen en el marco de su propuesta,   sino que incluso, ensanchan el alcance  de su carácter restrictivo acentuando aún mas   la exclusión de las minorías y haciendo con ello mas notorio que ni los electores son iguales ante la ley, ni mucho menos todo voto tiene idéntico valor.

Todo demócrata está obligado a proceder en consecuencia, y al efecto, superando cantonalismos políticos, conformar un frente amplio electoral

Por eso que tras ese mensaje del PP expresivo de mejorar  la transparencia y la calidad de gobierno de nuestros municipios, a la par de atribuir  a los votantes un control más directo sobre quién es el alcalde, justo cuando los sondeos le son totalmente desfavorables;  lo que verdaderamente está ocultando tras  tanta prisa e improvisación, es su malsana intención de  cambiar unilateralmente las reglas del juego de unos comicios locales  a escasos meses de su celebración, con la expresa finalidad  de dificultar la formación  de gobiernos de coalición, para  así poder regalarse a sí mismo como lista mas votada un buen puñado de alcaldías.

Por tanto, cuando  la formación conservadora tira de las malas artes  haciendo valer  la  mayoría alcanzada en unas  elecciones generales  para conferirse  prelación legislativa a largo plazo,   con tal maniobra, está manipulando las reglas del juego democrático  al utilizar la voluntad de unos electores de ayer   para coartar la influencia  cambiante de los votantes futuros, para así  afianzar su   permanencia  en el poder.

Maniobra  que  resulta equívoco catalogar  como «pucherazo»,   pues la gravedad de su alcance va mucho más allá, por cuanto la verdadera razón  del cambio tiene por única finalidad neutralizar  el mas que seguro   castigo en las urnas.  Y cuando es el partido en el poder  quien al amparo de su mayoría parlamentaria  impide el avance de la competencia política optando unilateralmente por cambiar la ley, con tal actitud  está promoviendo un acto de  «golpismo electoral», que justamente  es  lo que viene dispuesto  a imponer en  solitario el  Partido Popular, ejerciendo la dualidad   de árbitro y jugador al mismo tiempo.

Ante la manifiesta   involución para la democracia que representa  la mal llamada reforma del sistema electoral local  que acuña  una derecha reaccionaria y recalcitrante, todo demócrata está obligado a proceder en consecuencia,   y al efecto, superando  cantonalismos políticos constituirse en  frente  de oposición como punto de partida  para la formación de candidaturas unitarias de confluencia,  que por agrupación de sinergias  aborten las aspiración  de quien a través de subterfugios  intenta  mantenerse en el poder sin tener la mayoría social y de espaldas a la voluntad popular.

Pues tan solo  desde la unidad de acción electoral se logrará frenar toda regresión   y  blindar la democracia.

La crisis no tendrá fin sin alterar electoralmente el equilibrio del poder político, pues no podrá ser  resuelta por quienes siguen  aplicando  por toda fórmula   las mismas  políticas que causaron    su génesis.

Por lo visto, la tendencia a contar  mentiras utilizada por  Rajoy no cesa en vacaciones, mas bien al contrario,   el Presidente acentúa su instinto en  adulterar la realidad de los hechos, y así, cuando lo realmente noticiable durante el periodo de asueto fue  haberse disparado la deuda publica mas allá  del  billón de euros, el jefe del Ejecutivo mas que tener presente esa alarmante  realidad, se afana en mitigar políticamente tan desmesurado ascenso, de tal modo que en vez de asumir  su paternidad en esta hecatombe, no se le ocurre mejor idea que contraponer a ello su arbitraria  versión  sobre  el repunte del PIB, llegando incluso al límite de la autocomplacencia  alardeando  que tal rebrote es muestra indicativa de haber hecho lo correcto, a la vez de afirmar  que a tiempo presente, España se ha convertido en la locomotora  económica de Europa.

Sabido es  que el  el Producto Interno Bruto (PIB), es el indicador más utilizado para evaluar la actividad económica del país, pero conocido también debe ser que  solo cuando  el crecimiento se ubica entre 2.5 y 3.5%,  puede uno hacer gala de estar al frente  de  una  economía saludable, de ahí  que jactarse  del salto pírrico del 0, 6% registrado en el segundo trimestre resulte  una improcedencia,   pues por rigor analítico tal  referente además de su carácter  exiguo y fugaz, lejos de atribuírsele signo  de optimismo ha de ser valorado en los justos términos que recomienda  la negativa  tendencia del descenso de las  exportaciones y la continua   subida de las importaciones, que al tratarse  de  dos  variables  clave de su determinación hacen que el tan cacareado PIB de Rajoy  sea mas un espejismo efímero que el  inicio de un crecimiento sostenido, toda vez que para que así fuera, el país precisa de otros estímulos económicos adicionales de los derivados  de este tipo de índicador .

Al margen de la arenga de don Mariano a la ciudadanía y de su anecdotario estadístico; analizando el último frenazo  de las economías más poderosas de Europa, lo único cierto ante la actual coyuntura, es que  los   cuatro  largos  años transcurridos desde la puesta en práctica de la estricta agenda de la austeridad impuesta por la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) y auspiciada por Alemania, son expresión suficiente   para confirmar el estrépito de un  fracaso cuyo resultado habla por si solo  tras  la realidad  de un  balance  diametralmente opuesto  a las expectativas preconizadas  por sus artífices.

Situación  que exige  la  urgente supresión  de su vigencia y la puesta en práctica  de alternativas de crecimiento  como única solución efectiva para salir  del actual atolladero, viabilizar la recuperación de la Eurozona  y por extensión  la de nuestro propio país, pues seguirá siendo  una imprudencia darle continuidad al patrón del neoliberalismo, toda vez que  no a hará mas que acentuar el   riesgo de involución económica, al resultar   mas que   visto, que a mayor austeridad, mayor será también el incremento del déficit como de la deuda pública y por consiguiente mayor el  riesgo de estrangulamiento de la actividad económica que irremediablemente  precipitará el retorno  hacia una nueva  recesión como lógica consecuencia de  la aplicación de políticas  netamente austericidas  y exentas  de   todo  estímulo económico.

Es obligado por tanto ponerse en guardia y tomar conciencia efectiva qué la austeridad es la auténtica crisis, que no la solución a ella

Por eso cuando  los hechos  confirman que por tercera vez consecutiva en cinco años, la economía europea circula en dirección inversa a la  anunciada  recuperación del  2013 y tiende   a una  nueva entrada  en recesión, resulta   cuanto menos inaudito el derroche de optimismo  de un eufórico  Rajoy, capaz de percibir  ventajas en la cara mas  oscura de la economía al tiempo de cerrarse  en banda  a  la puesta en práctica  de alternativas de efectiva reactivación.

Una completa paradoja  que a más de dejar al descubierto  el verdadero objetivo que guía la acción  política del PP, delata su auténtica finalidad, que no es otra,   que  alterar engañosamente la realidad,  y desde la mentira,    repetir  un  nuevo fraude electoral  a través de la puesta en práctica  de  simulaciones que favorezcan la capitalización de su  patrimonio electoral, aunque ello,  sea a costa de seguir causando  graves perjuicio al interés general del país  y  a  unos confiados   electores.

Es obligado por tanto ponerse en guardia y   tomar conciencia efectiva   qué la austeridad es la auténtica crisis, que no  la solución a ella. Y  desde tal percepción asumir  en consecuencia que en tanto no seamos capaces de erradicar  su continuidad,  al ser la raíz del problema,  seguiremos sufriendo la repercusión de unas consecuencias  sociales  y económicas  catastróficas  que nos tendrán postrados en un callejón sin salida,   sin visos de solución, que solo seremos capaces de lograr, cuando decidamos electoralmente  abandonar su perniciosa disciplina para recuperar la democracia.

El cambio es posible y puede suceder, siempre y cuando seamos  capaces de  despojarnos de  la camisa de fuerza de la austeridad, bastando para ello dejar sin efecto el continuismo político y poner el futuro en manos de un nuevo reemplazo de hombres y mujeres dispuestos a imprimir empuje y tirar hacia  adelante,  y totalmente conscientes que para reconstruir el país,  no queda otra,   que  darle la vuelta del revés.

La decadencia que  en el último tercio de siglo redujo a mínimos  el otrora boyante sector naval  de la Ria de Ferrol,  tuvo su factor   desencadenante  en la actitud entreguista  del  bipartidismo político del PP y el  PSOE, que mas que apostar por la  defensa de los intereses genuinos, optaron por asumir como propios  los  dictados  de  la competencia europea, contribuyendo con ello la  actual debacle comarcal.

En un entorno político donde mucho se promete y poco se cumple, a nadie debe sorprender   que sea el engaño quien toma carta de protagonismo,  y por tanto, que todo propósito de solución  sea en si mismo  un referente de nula credibilidad.

Complejidad  que agrava toda situación, máxime, cuando   el referente de maquinación más que atender a una excepción puntual es la rutina de treinta años de una historia interminable  que tiene por principal protagonista al conjunto del sector naval, y los peores actores del reparto  adjudicados a  los astilleros de la Ría de Ferrol,  que tras un  diseñado proceso de desmantelamiento y un  vertiginoso desplome de actividad, de no mediar reconducción,  por mas esperanza  que se quiera vislumbrar al amparo de la inminente  extinción del veto que pesa sobre el sector, se verán abocados  irremediablemente al  cuarto plan de ajuste sectorial  cuya  repercusión pondrá en serio peligro  la continuidad  y el futuro de ambas  factorías.

Eso será así porque la suerte ya está echada,  toda vez que  tal decisión fue considerada y asumida por los miembros del  bipartito, en aceptación  consensuada por  exigencia impuesta a esta dualidad política    por los mas influyentes miembros del club  europeo  en contrapartida a refrendar  nuestra integración en el marco de la Unión.

Admisión, que dicho sea de paso  supuso la destrucción de buena parte del tejido productivo industrial, en el contexto de un deslavazado proceso de desindustrialización, cuya repercusión, llevó implícito el cese paulatino  de la actividad de construcción naval  hasta su total declive, que  como consecuencia  de aquella  desastrosa negociación, después de mil avatares y un  forzado  tránsito en dirección  contraria, se debate actualmente en la coyuntura de un  eclipse total.

Es por ello que resulta de una insolencia sin precedentes  que los directos colaboradores  de las limitaciones impuestas al  sector,  a sabiendas de las  prohibiciones aceptadas en su día, tengan la osadía de recabar  resolución de la Comisión Europea   sobre la viabilidad de la  construcción del dique  flotante,   cuando políticamente como parte implícita eran  conocedores de antemano del carácter negativo de toda  resolución  sobre el particular.

Una censurable maniobra,  cuya finalidad, no fue otra  que  evadir   responsabilidades y  poder  así proseguir  sin consecuencias la asistida  repetición del engaño electoral al que nos tienen  habituados  tras  la  ambigüedad  inculpatoria  de despistar su perversidad en el soporte que propicia  la  lejanía de  Bruselas, o en la conexa  práctica    de las  no menos repetidas ceremonias de confusión.

Con todo, en el tan llevado y traído asunto del dique flotante, sin demérito alguno, se ha de deducir que  su matiz  de relevancia   no deja de ser una simple anécdota en contraste  con la enraizada insolvencia política de los distintos gobiernos alternantes,  que en suma,  fueron la verdadera raíz  del problema como pone de manifiesto toda  falta de alternativa  en la eventualidad  de  tres largas décadas de  incesante deterioro del sector, que desvela  así mismo    la falta de eficiencia  de una clase política  que contra todo pronóstico se dedicó a validar con sus actos los perjuicios   de una leonina legislación  comunitaria que favorable a los intereses de otros estados miembros, hicieron  que las crisis continuadas  del sector naval en la comarca  fueran  causa y efecto de  la disfuncionalidad  bipartidista, por cuanto, en ese esquema, toda  condición de   alternancia mas  que funcionar  como una oportunidad para el cambio, operó en exclusiva  como garantía de  un burdo intercambio  de intereses políticos y partidistas.

Por consiguiente, quienes en sucesión de gobernabilidad  dispusieron de sobradas  oportunidades para darle un vuelco a la situación, y en el transcurso de la época en vez de proceder en consecuencia  optaron   por consumar el total deterioro de la actividad,  empleando  medidas  que además de no garantizar   la supervivencia de las factorías, hicieron inviable  toda posibilidad de recuperación; de ahí que en correspondencia  con su manifiesta deslealtad, el desafío a plantear no ha de consistir en exigirles lo que no quieren asumir,  sino en  promover vía electoral el decaimiento de su primacía política,  pues solo con la erradicación  del bipartidismo se darán las condiciones indispensables para que surta efecto un cambio a positivo   en el contexto de este sector estratégico.

Por tanto, toda solución a los grandes problema del sector,  pasan irremediablemente por un radical cambio de rumbo  donde  no tiene cabida  el simulacro, como tampoco, los protagonistas de la historia del  fracaso  pueden seguir ejerciendo  como interlocutores del futuro, pues en este nuevo ciclo alternativo al bipartidismo,  la  renovación  ha de ser la clave  que permita de forma eficaz  subsanar la actual situación de deterioro como paso previo a la apertura de negociaciones conducentes a  corregir las arbitrarias restricciones impuestas por Europa a este sector.

En una sociedad en la que prima la demanda del sector financiero sobre la economía social, particularmente, los jóvenes como esperanza futura del país, afectados por los perjuicios de un desempleo estructural y la total ausencia de medidas paliativas, si políticamente no se remedia, están abocados a convertirse en una “generación perdida”

Mientras miles  de jóvenes de acreditada cualificación vista la falta de salida   profesional han de tomar los bártulos  y emprender el camino de la emigración, en tanto esto ocurre en el país, lo inaudito es que los mas radicales teóricos  del neoliberalismo al referirse al generalizado problema del  desempleo juvenil aduzcan  como principal explicación, que la razón  del desproporcionado índice de paro en este segmento del mercado laboral obedece en exclusiva   a la falta de formación de las personas que están desempleadas; todo un disparate descomunal, que llega al colmo de  la estupidez cuando idénticos teorizantes optan por abultar  el dislate afirmando que infinidad de puestos de trabajo están quedando desiertos  por falta de candidatos con  capacidad adecuada para afrontar la actividad.

Es decir,  por lo visto y  a juzgar por tal parecer,  la causa  del elevadísimo desempleo  juvenil obedece mas a la falta de formación de los demandantes  que a la escasez de oferta  del mercado de trabajo, que dicho en otras palabras  equivale a deducir  que  la prole de los agitadores   de la confusión,  intenta extender la  idea  que en este ámbito laboral  el incremento del paro  es culpa exclusiva  de los propios parados.

Excentricidad, que paradójicamente diverge en lo sustancial   con todo análisis riguroso  sobre la  situación real del mercado laboral, poniendo  de relieve  en todo caso,  que el colectivo mas afectado  por la crisis se corresponde con el  sector mas joven de la población, y que la verdadera razón del deslavazado incremento del índice del paro repercutido, lejos de tener su origen  en la pretendida falta de formación, está manifiestamente vinculado con  la excedida  disminución que se  ha producido en el conjunto de la actividad económica, que además  de la recesión, se vio perjudicialmente afectada por las políticas  de austeridad aplicadas por el  Gobierno, cuya nociva repercusión frenó  todo  estímulo económico que disparó el desempleo hasta cifras límite como consecuencia   de la   absoluta  falta de inversión, pues tal decisión aparte de destruir en gran medida  el tejido empresarial existente.  por su negativo efecto, también  impidió la producción  y generación de nuevos puestos de trabajo.

Evidencia,  que en modo alguno  puede ser desmontada   y mucho menos  recurriendo  a planteamientos   alejados de toda realidad,.  confirmando tal parecer  el hecho de saber que los mínimos  puestos de trabajo  creados en el último bienio fueron  empleos de baja cualificación, paradójicamente desempeñados por jóvenes  con mas elevado nivel que lo que requerían la exigencia profesional de los  trabajos a realizar.

Por tanto, cuando el perfil de los jóvenes expatriados y de  probada  capacitación    arroja un saldo de 120.000 perjudicados durante  el transcurso de  la legislatura del  PP, no es de recibo que  el Ejecutivo conservador utilice tan contraproducente resultado  para seguir oficiando su  esperpéntica ceremonia de confusión con la malsana intención  de poner en tela de juicio  los niveles de idoneidad del sector afectado, para así,   mientras el éxodo de la fuga de cerebros se intensifica, utilizar las cifras de esta emigración forzada en su propio interés político, al detraer a los desterrados del  cómputo de la población activa  zanjando  esta impresentable  realidad a través de una virtual  manipulación  estadística donde engañosamente logran que   la tasa de paro baje al 53,1%, a costa de hacer desaparecer del escenario laboral   a la totalidad de  este  colectivo de proscritos.

Por tanto,  cuando la situación ha llegado a   tintes dramáticos con un desempleo juvenil marcando record, urge  afrontar el asunto con un mínimo de responsabilidad  política,  excluyendo al efecto la utilización de justificaciones  absurdas, para asumir  de una vez por siempre que las causas estructurales  del desorbitado  paro juvenil  no hay que buscarlas en la falta de formación, pues en un país  con un considerable  nivel de sobretitulación mas que aducir carencias formativas  donde no las hay,  lo suyo sería tirar partido de las potencialidades efectivas   para una vez  precisadas, poder   invertir el desfasado  patrón económico  a través de políticas de crecimiento y la restructuración  del  obsoleto modelo  productivo  acorde al aprovechamiento y capitalización de las sinergias resultantes en aras a  facilitar el desarrollo de la  actividad empresarial  y con ello el empleo.

Si ante  la escalofriante realidad  que  supone que uno de cada dos jóvenes  no tengan  puesto de trabajo, el Ejecutivo conservador no hace suya esa realidad y  en vez de implementar  entornos políticos  propicios para el desarrollo de la  actividad   empresarial y la  exigida modificación  del sistema productivo, se empeña en seguir frenando el crecimiento y dando continuidad a sus inactivas políticas de empleo , es mas que evidente  que el paro soportado por esta  generación rechazada por los mismos  mercados que apadrinan la austeridad, seguirá su tónica ascendente hasta convertir a sus afectados en una generación perdida.

Cuando de la noche a la mañana te ves  gobernado por una cuadrilla de mitómanos, mas que otorgar  creencia  a sus palabras, entra en tu deber como  ciudadano   tener control exhaustivo de la situación, manteniendo  a todo  efecto  una actitud  crítica ante su proceder y sus hechos.

Que Rajoy y los miembros de su gabinete  mienten mas que hablan es un todo evidente, hasta el extremo  de llegar con sus embustes  al nivel   de la «pseudología fantástica», ese síndrome  propio de quienes son  propensos  a mentir compulsivamente y  fabricar  falsedades  complejas y sistemáticas, que a diferencia de la mentira ordinaria tiene su origen en motivaciones patológicas, haciendo que,   en su ego interno,  sus fantasías acaben tomando rango  de realidad  hasta  llegar al desvarío  de creérselas ellos mismos.

Y esto debe ser  así, pues caso contrario ningún miembro del Gobierno en  sus cabales  se atrevería a soltar el disparate de afirmar estar en la línea de crear    empleo estable,   cuando a pesar de los esfuerzos propagandísticos   la realidad de los hechos   habla en lenguaje diametralmente  opuesto,  y así, después de un lustro  del estallido  de  la crisis mas que percibirse síntomas de reactivación, lo verdaderamente cierto es que la destrucción del tejido productivo sigue un ritmo imparable como ponen de manifiesto las  180 empresas que cada día echan cierre a su actividad.

Negativa  tendencia que a  tiempo presente no cabe evadir  tras la   recurrente  justificación  de la herencia recibida, pues reivindicando la verdad, lo cierto es que fue Rajoy  quien después de prometer electoralmente crear empleo, ahora, pasado el ecuador de su mandato e incapaz de  satisfacer su compromiso,  intenta presentar como un éxito lo que sigue siendo  su peor balance imaginable,  donde a  pesar  de las  ventajas del componente estacional   sigue manteniendo un saldo en su haber  de 1250000 puestos de trabajo destruidos, habiendo de  añadir a ello  un incremento de 622000 parados como también los 150000 hogares más  en situación de emergencia  extrema  por total carencia de ingresos,   sin obviar el imponente dato del 53,1%  de paro juvenil  ni tampoco el 1100000 desempleados de larga duración.

Habiendo de concluir que no es que se haya creado empleo  alguno,  sino que la supuesta mejora estadística es simple y directa consecuencia  de la disminución de la población activa, que por efecto del desanimo o motivo de emigración, redujo el censo de la (EPA) en  232.000 personas, es decir, que por mas optimismo que interesadamente se derroche, se ha de afirmar  que durante lo que va de   legislatura el PP,  no solo no ha conseguido crear empleo estable,  sino que ha incrementado  su destrucción y acentuado su precariedad,  sin que a través de sus políticas  sectoriales  y su bazofia  de reforma laboral, se vislumbren verdaderas expectativas   de revertir  la situación.

Por ello mas que mantenerse en sus trece, el ejecutivo conservador debería intentar reencontrarse con la realidad  y  decaer en su empeño de hacer calar  en la ciudadanía el gancho electoral de que la crisis ha tocado a su fin y que la recuperación ya la tenemos aquí, pues  pese al desmedido esfuerzo propagandístico realizado por el Gobierno  de  Rajoy para divulgar como éxito  su camuflada mentira, lo verdadero es,  que la crisis tienen fuelle para rato y que  no habrá mejora alguna en la economía del país, al menos,   mientras subsista la obstinación de intentar salir de la misma aplicando por toda solución  drásticas medidas de ajuste ligadas a  políticas de radical austeridad, toda vez que dando continuidad  a tal cuestionada conjugación de factores mas que alcanzar solución alguna, fatalmente,  se prorrogará la  continuidad  en el ámbito de la  recesión.

De ahí que sustituir  la carencia de resultados reales   en materia de generación de empleo   por la estrategia mediática de publicitar paliativamente   «titulares – trampa» de economía positiva, habrá  de percibirse como  una actitud  de  clara manipulación al delatar tal conducta  una actitud  de perversa intencionalidad  tendente  a seguir tergiversando  la realidad desde la  propia mitomanía  política , que al mismo tiempo  revela una conducta de  total  indiferencia  con la situación, mientras el futuro de los demandantes de empleo  se va por la alcantarilla.

Cuando es harto sabido  que todo proceso de  crecimiento cuenta con el acompañamiento del empleo al igual que la situación de recesión lleva implícita   la subida del paro, resulta  imposible  de asumir  los augurios  de los profetas de la recuperación en su intento de  hacernos tragar  con la teoría   del «empleo sin crecimiento»,  por tratarse de un supuesto enfrentado con la cruda realidad   de una secuencia  interminable de EREs y cierres de empresas, que día a día sin parar,  precipitan a miles de personas a seguir  incrementando el drama  del  paro,  y mientras la  realidad de los hechos se siga expresando con tan dramatismo   no cabe otorgar  fiabilidad alguna  para con las  cifras y previsiones aportadas por el Gobierno de la Nación, pues además de ser una falsificación sin paliativos, es el maquillaje de apariencia electoral para falsear   la realidad y  hacer creer a los electores  que los malos tiempos ya son parte del pasado.

Es decir, la tarjeta de presentación de quienes viven instalados en el engaño y la mentira.

Después de frustrar la confianza de los electores y haber llevado al país la una situación extrema, por pura lógica, no tienen que ser  los miembros del bipartidismo  los interesados en devolverle la democracia a sus legítimos titulares.

Mal va el país  cuando las bravuconadas  se han convertido en el  referente  por excelencia del hacer político,   siendo suficiente  para acreditar tal afirmación, dedicar   tan solo  un mínimo de atención a las prácticas  de los «profesionales» de la cosa pública, para poder comprobar  con que desparpajo son capaces de disfrazar la realidad, hasta alcanzar  la dicotomía de acumular un historial  de fracasos, y a la vez, atribuirse ante el electorado habilidades innatas  para arreglar en dos patadas todos los problemas  habidos y por haber.

De ahí que dejando al margen  puntuales  excepciones, que “haberlas hailas”, cabe   manifestar sin riesgo  a equívoco,   que los miembros de este gremio de verborrea irrefrenable, además de un exponente de negación son unos completos atorrantes, unos subordinados que instalados en su congénita  falsedad   no son quien  de asumir el hecho de no tener ni capacidad  ni solución de nada, como tampoco, aceptar que por sus repetidos embustes y adulteraciones  de la realidad han dado al traste  con su ya escasa reputación, hasta  degenerar   en la total pérdida  de la confianza ciudadana y el imparable  descenso  de su mermada  credibilidad electoral.

Por eso, cuando  tras treinta y cinco años de deterioración política  han llegado a convertir la democracia en  la primera víctima  de la desigualdad; ante semejante deriva, es de todo punto inaceptable proseguir con la condescendencia  de otorgar  a estos irresponsables otra nueva  oportunidad;  pues resulta una insensatez  persistir en el empeño  de mantener la  confianza en  los artífices   del declive  que estamos a sufrir, máxime cuando es de sobras  conocida su notoria  ineptitud al igual que  su  carencia ejecutiva para afrontar con rigor  la obligada  regeneración que demanda la salud democrática del país.

Hemos  llegado a una situación límite   donde  la política dejó de tener  poder  y el poder carece de control político, y ante esta tesitura, no queda otra  que mudar  el degradado  ecosistema de representación liquidando la continuidad del bipartidismo arbitrario,   que en si mismo,   es el mayor de los males del actual modelo  y  la cara opuesta a la democracia representativa,   como así lo avala  la permanente implicación  del PP y PSOE  en la coalición de élites económicas y sociales    que desde la Transición  ha dominado a su antojo los  destinos de nuestro  país, siendo esa conjunción de cuño oligárquico el factor   determinante  de la coincidencia extrema  entre las políticas económicas de este dueto  partidista, como también el fundamento que refrenda   la alternancia  de  gobierno que  con  temporalidad intermitente    asumen ambas siglas.

De ahí  que la reconstrucción del espacio público democrático, en todo momento, ha de  pasar  por asumir que la democracia sea una apuesta radical por la igualdad, que nunca  la reserva preferente   de élites pudientes, y solo poniendo en práctica este precepto seremos  capaces de  frenar la  vigente tendencia  hacia el  crecimiento de la disparidad, que viene imponiendo el gobierno de la oligarquía económica tras el parapeto de la  pantalla política del bipartidismo;  pues  solo devolviendo a la democracia     su principal signo de identidad podremos contar con la representación  de una  clase  política renovada   capaz de hablar en  idéntico lenguaje que la gente,  y en consecuencia dispuesta  para resolver los problemas reales del conjunto de la ciudadanía.

Ahora que las  circunstancias económicas  han bajado la cartelera del vodevil de la fantasía,  echando por tierra  la solvencia  de una falsa democracia que por mas publicidad engañosa  que se le quiera adjudicar  lo estrepitoso de su fracaso habla por si mismo, al no  satisfacer en lo mas mínimo la protección  de las garantías fundamentales ni asegurar para nada el  bienestar colectivo; ante esta situación tan desigual, y después de contemplar  tan siniestro balance, solo a quien milita en la estupidez  se le puede ocurrir  la desafortunada idea  de seguir prestando apoyo electoral a los activistas  de la  clase política culpable del actual desastre, sin darle  una oportunidad  a la regeneración participada  por  gente  de refresco en  el poder, más íntegra, cualificada, ecuánime  y de probada  honestidad.

Con todo, no debemos olvidar que  aún siendo notorio el desplome del bipartidismo,   su reacción neutralizadora no se hará esperar por   su empeño en proseguir turnándose  en el poder,  y solo desde la conformación de un sujeto político alternativo al neoliberalismo ,   se estará en condiciones conseguir una mayoría suficiente para gobernar, quórum, cuya consecución pasa  forzosamente  por  la unidad  política a través de un Frente Popular como única solución para poder  alcanzar  esa mayoría electoral, y con ello, iniciar un Proceso Constituyente a través del que decidir  el modelo de Estado y las reglas democráticas sobre las que construir   nuestro futuro.

Pero sin llevar a término la referida unidad política, sin la fundación de un bloque político-social de transformación de la sociedad, independientemente,  el mas ventajoso resultado electoral que se logre  seguirá siendo  oxígeno para el bipartidismo.