En España rige el principio de jerarquía normativa, en el cual, la norma básica, que todas las demás leyes deben respetar, es la Constitución Española. Ahora bien, ¿Es esto así?
Tristemente la respuesta es no. Por poner un ejemplo, y no es el único, en el artículo 24 de la Constitución se establece que:
«1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»
Suena muy bien, pero el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que «Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado». Por contra, las solicitudes se presentan sin la firma del litigante.
Por tanto, quien se encarga de obtener la tutela es el abogado, no la persona. Esto implica que si nuestro abogado no solicita (por error, negligencia, incomprensión…) al juzgado los derechos e intereses legítimos, nosotros no podemos hacerlo. Una vez interpuesta la demanda con lo que el abogado consideraba «adecuado», esa es nuestra petición. Aunque no sea lo que queríamos pedir o argumentar.
El Tribunal Constitucional sale al paso de esta manifiesta indefensión diciendo que «indefensión» es cuando ambas partes no cuentan con los mismos medios, por lo que, al contar ambos con abogado, ya no estamos indefensos. Aunque no podamos defendernos de la actuación de nuestro abogado.
Más llamativo es todavía el que diga que «…serán dirigidos…». No deja de ser llamativo que en un estado donde la libertad (no voy a citar todos los artículos de la Constitución que nos reconocen el derecho a la libertad), la persona no pueda actuar según su razón y conciencia (tal como arguye la Declaración de Derechos Humanos que reconoce la Libertad de las personas y asume la propia Constitución), sino bajo la dirección y los criterios del abogado.
Por tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil (y otras) nos roba una parte importante de nuestra libertad: la de defendernos y defender nuestros derechos, y nos hace responsables de los actos de nuestro abogado ante los tribunales. Los legisladores, jueces, fiscales, defensores del pueblo, etc., violan nuestros derechos fundamentales por acción u omisión mientras nos distraen con cruces de acusaciones entre unos y otros.
Por si se puede publicar, incluyo un enlace donde muestro dos cartas escritas al Tribunal Constitucional (que no tendrán respuesta): https://www.facebook.com/defiendelaconstitucion
Atentamente,
Daniel Abram Moreno.