Cartas al Director

Cuando la actual Constitución no se cumple, ni los poderes públicos garantizan los derechos que proclama, la duda es saber entonces que carajo se ha de celebrar el día 6 de diciembre

Si de origen toda  Ley de Leyes  se elabora con la finalidad  de convertirla en  la herramienta de estructuración  jurídica del Estado, éste además de competente, ha  de estar preparado y adaptado debidamente,  y para que esto ocurra es imprescindible contar  con el parecer  de  los ciudadanos que conforman el grueso de la  sociedad, atendiendo igualmente  a su  diversidad,  su singularidad  y  todo lo circundante con su propia idiosincrasia; aspectos  que en modo alguno fueron considerados a la hora de confeccionar  la Constitución de 1978, que precisamente, se redactó desde  el exclusivismo  de las  formaciones  políticas, por y para ellas mismas,   con total exclusión participativa de una  ciudadanía que siendo utilizada políticamente  cuando interesa, en este caso, no solo se la situó al margen de toda intervención sino que mismamente  fue tratada  como si de un colectivo perturbador se tratara.

Y de aquellos mimbres estos cestos, no pudiéndose  producir por tanto otro resultado  que una Carta Magna   de inútil funcionalidad para el interés general, que  sin embargo, proporcionó favorables resultados en los  intereses  de los autores intelectuales de la misma, es decir, de los dos partidos políticos que en alternancia vinieron a conformar la   alcurnia del poder, a través  de prácticas constituyentes  poco ortodoxas que dieron al traste  con el principio fundamental que debe preservar  todo marco constitucional que se precie,  colando así en  su contexto  una versión adulterada y aleatoria  de la separación de poderes, para así, poder ejercer libremente la colonización bipartidista del régimen, aun cuando tal desatino restó eficacia  a su contenido a la vez de  generar degradación en el funcionamiento de las  instituciones y por derivación  en la marcha del sistema, cuyas consecuencias repercutidas,  no fueron   otras  que la proliferación de la corrupción y la total ausencia de democracia.

Ello es la causa de que la actual Constitución sea un todo inservible, por pésima, obsoleta  e inoperante,  y por tanto,  razón sobrada  para desecharla  y  afrontar  un Nuevo Proceso Constituyente  que permita iniciar en el país  una etapa de auténtica democracia, al margen del  esperpento que llevamos padeciendo  por imperativo de la casta política, para así, desde un vuelco a la situación  poner las instituciones al servicio del pueblo, y con ello,   dejar sin efecto el trato preferente otorgado  a los intereses de la élite económica de filiación franquista,   y desde esa premisa,  partiendo de la separación efectiva de los tres poderes del Estado, tras el correspondiente debate y participación popular culminar con la elaboración y ratificación de una Nueva Constitución.

Sabido es que un proceso constituyente difiere en lo sustancial de una reforma constitucional, y no tan solo en lo referente al  alcance  y magnitud del cambio, sino especialmente,   por el diferente protagonismo que ejercen  los ciudadanos entre uno y otro escenario, pues mientras en  la reforma constitucional  su papel se limita  a pronunciarse sobre un contenido ya concertado, el proceso constituyente  requiere de su  función protagonista y de su participación  activa, correspondiéndoles a ellos por tanto, decidir quién y cómo debe cambiar la Constitución, y todo  esto remitido al uso de su libertad y su conciencia.

Cuando el malestar ciudadano deja traslucir el derrumbe del modelo de Estado, ni cabe espacio para el despiste ni mucho menos margen para los errores

Por tanto, ahora cuando se cumplen  36 años  desde la  ratificación en referéndum de la  que fuera norma suprema  del ordenamiento jurídico del país, asumiendo  que el paso del tiempo  transformó su contenido en el mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia, la reacción en primer término no debe presentar duda alguna  toda vez  que  la reconducción de la situación  pasa inexorablemente porque los ciudadanos  optemos por tomar el  relevo jerárquico  en aras a cambiar la degradante realidad que estamos a vivir, pues o bien decidimos  ser los protagonistas del cambio necesario liderando un proceso constituyente,   o    asumimos  como hasta ahora   la  tutela de  una  minoría dedicada a defender en preferencia  los intereses espurios del séquito pudiente.

Y así,  cuando  el malestar ciudadano deja traslucir el derrumbe  del modelo de Estado, ni cabe  espacio para el despiste ni mucho menos margen para reproducir errores, habiendo de concluirse  que en la actual coyuntura la Carta Magna  vigente  tiene agotado su recorrido, siendo obligado arrancar ipso facto con ese auténtico proceso constituyente  que más allá de adecuarse a  composturas o giros constitucionales, cancele toda conexión con el pasado al efecto de articular sin dependencias un procedimiento  que conforme el  marco, social, económico y político más igualitario, equitativo y esencialmente democrático.

Siendo necesario para alcanzar el objetivo previsto, generar la hegemonía social  conveniente sin que la legitimidad  del referido proceso constituyente  pueda radicar en el poder político implantado en razón  a su baja intensidad democrática, a su tendencia bipartidista  y a su notoria exclusión  hacia la  participación ciudadana, resultando recomendable en  buena lógica,  mas que celebrar el día de la Constitución, aprender de los errores y de la experiencia de aquel diciembre del 78.